Licencia menstrual: la medida que transforma la educación en la capital
La Ciudad de México implementa la licencia menstrual para alumnas de educación básica y media superior. Desde este ciclo escolar 2025-2026, las estudiantes pueden ausentarse por dolores menstruales incapacitantes sin sanciones académicas ni disciplinarias, poniendo fin a años de injusticias y estigmas.
La medida surge tras la reforma al Artículo 111 de la Ley de Educación local, que incorpora la fracción XIII Bis, reconociendo la dismenorrea como causa válida de inasistencia. Antes, faltar por menstruación podía afectar calificaciones y reputación de las estudiantes.
Según la Primera encuesta nacional de gestión menstrual (2022), un 43% de las adolescentes evita asistir a clases durante su periodo, 20% se ha ausentado al menos una vez y 30% improvisa con papel de baño por falta de productos adecuados. Estas condiciones afectan el aprendizaje, la práctica deportiva e incluso la continuidad escolar.
Para Anahí Rodríguez, cofundadora de Menstruación Digna México, la reforma es un avance, pero su correcta implementación será clave. Señala la importancia de atender médicamente los casos de dolor recurrente y de garantizar la reposición académica para que las alumnas no queden rezagadas.
Con la licencia menstrual, las estudiantes pueden justificar su ausencia con el respaldo de padres o tutores, reprogramar tareas y exámenes y no tienen un límite fijo de días, reconociendo que cada ciclo menstrual es distinto.
Cada escuela definirá sus lineamientos internos: cómo solicitar la licencia, cómo comunicar la ausencia y cómo documentarla. Rodríguez propone además la figura de gestoras menstruales, encargadas de asesorar, orientar y entregar productos de gestión menstrual dentro de los planteles.
La medida también pone en evidencia la necesidad de infraestructura adecuada y el acceso gratuito a productos de higiene menstrual. Además, requiere sensibilizar al personal educativo para aplicar la norma sin prejuicios.
Con esta reforma, la Ciudad de México se suma a estados como Hidalgo y Colima, avanzando en la protección de los derechos educativos y de salud de las estudiantes.
