La detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, abrió un nuevo capítulo en la relación entre el poder político y el combate a los delitos desde el gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue enfática: ningún partido político, incluido Morena, puede convertirse en refugio para quienes delinquen.
El arresto del presidente municipal, ocurrido el pasado 6 de febrero, fue resultado de una investigación derivada de numerosas denuncias ciudadanas y de empresarios de la región, principalmente por presuntos actos de extorsión. De acuerdo con la mandataria, las quejas fueron tan constantes que incluso algunas llegaron directamente a su despacho, lo que llevó al gabinete de seguridad federal y a la Fiscalía General de la República a iniciar las indagatorias correspondientes.
Sheinbaum explicó que el procedimiento se apegó estrictamente a la ley. Primero se recabaron pruebas, después se integró la carpeta de investigación y, finalmente, un juez otorgó la orden de aprehensión. Subrayó que este tipo de operativos no responden a decisiones políticas ni a persecuciones selectivas, sino a investigaciones sólidas con sustento jurídico.
Ante el hecho de que Rivera Navarro llegó al cargo bajo las siglas de Morena, la presidenta dejó claro que la afiliación partidista no es un escudo frente a la justicia. "Ningún partido debe ser paraguas para delinquir", afirmó, al recalcar que su gobierno actuará siempre que existan pruebas suficientes, sin distinción de colores políticos.
Sobre los cuestionamientos en torno a la postulación del ahora detenido, Sheinbaum detalló que, durante el proceso electoral, se solicitó información a la FGR y a fiscalías estatales para verificar si los candidatos contaban con carpetas de investigación abiertas. En el caso del alcalde de Tequila, no existía registro alguno que impidiera su participación en la contienda.
La presidenta reconoció que lo verdaderamente grave habría sido ignorar indicios delictivos en caso de haberlos detectado con anterioridad. Sin embargo, precisó que fue hasta la acumulación de denuncias formales cuando se contó con los elementos necesarios para proceder legalmente.
Este caso, señaló, es un ejemplo de que las instituciones están obligadas a responder cuando la ciudadanía denuncia abusos de poder. También envía un mensaje claro a los servidores públicos: el cargo no otorga impunidad y las irregularidades, tarde o temprano, son investigadas.
Con esta postura, el gobierno federal busca reforzar la idea de que el combate a los delitos y a las malas prácticas dentro del servicio público no admite excepciones, y que la legalidad debe prevalecer por encima de intereses partidistas o personales.
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