A partir del proyecto que la Ministra Loretta Ortiz presentó en la Primera Sala, se
determinó que la sanción prevista para el delito de difundir, por cualquier medio, videograbaciones con contenido sexual de niñas, niños y adolescentes es constitucional.
El margen de 15 a 30 años de prisión establecido en la Ley General paraPrevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para
la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos respeta el principio
de proporcionalidad del artículo 22 de la Constitución Federal.
