Diputado Morenista de #Hidalgo desmiente a la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Por: Héctor Herrera "El de la mañanera".
Redacción.
La adjudicación de un contrato por casi mil millones de pesos del Infonavit a una empresa propiedad de los hermanos del diputado federal Ricardo Crespo Arroyo ha detonado un debate que va más allá de un procedimiento administrativo. El caso expone una de las tensiones más persistentes en la vida pública mexicana: la distancia —cada vez más cuestionada— entre lo legalmente permitido y lo éticamente aceptable en el ejercicio del poder.
Desde el inicio de la polémica, el legislador ha rechazado cualquier señalamiento de conflicto de interés. Su postura se sostiene en tres ejes principales: no tuvo participación alguna en el proceso de licitación, no es socio ni accionista de la empresa beneficiada y no mantiene relación institucional con el Infonavit. Bajo este marco, Crespo se coloca en una defensa jurídica clásica, en la que el conflicto de interés solo puede acreditarse si existe intervención directa o beneficio personal comprobable.
No obstante, el debate público rara vez se limita al terreno estrictamente legal. En este caso, la magnitud del contrato, el carácter social del programa de Viviendas del Bienestar y el vínculo familiar con un legislador federal colocan el asunto en un plano más amplio: el de la ética pública y la percepción ciudadana. Aunque la empresa tenga derecho a participar en licitaciones, la cercanía con un actor político relevante introduce una duda difícil de disipar, especialmente en un contexto donde la desconfianza hacia las instituciones sigue siendo elevada.
La percepción de conflicto de interés no requiere, necesariamente, una violación a la ley. Basta con que exista la posibilidad de una ventaja indirecta, real o percibida, para que el daño político esté hecho. En ese sentido, el caso Crespo ilustra cómo los vacíos normativos pueden convertirse en problemas de legitimidad, aun cuando los procedimientos se hayan cumplido formalmente.
La intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum añade un componente político de alto nivel. Al solicitar la revisión del contrato y advertir que podría suspenderse si se confirma un conflicto de interés, la mandataria fija una postura que busca ir más allá del expediente técnico. El mensaje es claro: en la nueva etapa de gobierno, la sola apariencia de privilegio resulta incompatible con el discurso de austeridad, transparencia y combate a prácticas que históricamente han erosionado la confianza pública.
Este posicionamiento también puede leerse como un intento de blindaje institucional. Al ordenar una revisión, el Ejecutivo se deslinda de posibles responsabilidades futuras y envía una señal hacia dentro de su propio movimiento: los vínculos familiares no pueden convertirse en un flanco vulnerable para el gobierno. En un escenario político donde la congruencia discursiva es clave, permitir que casos como este se normalicen implicaría un costo mayor que el administrativo.
Otro elemento central del debate es el monto del contrato. Mientras el diputado insiste en que la cifra oficial es inferior a los mil millones de pesos, diversas investigaciones periodísticas sostienen que el proyecto podría superar ese umbral al considerar pagos adicionales y otros conceptos asociados. Más allá de la cifra exacta, la controversia revela una constante: la falta de información clara, accesible y completa sobre grandes contratos públicos, lo que alimenta interpretaciones encontradas y amplifica la polémica.
Este punto es especialmente sensible tratándose de recursos destinados a programas sociales. Cuando no hay claridad absoluta en los montos y alcances, el debate se desplaza rápidamente del terreno técnico al político, y con ello se debilita la narrativa de beneficio social que debería acompañar este tipo de proyectos.
El caso Crespo también plantea preguntas de fondo sobre el diseño institucional. ¿Son suficientes las reglas actuales para prevenir conflictos de interés indirectos? ¿Deberían existir restricciones más estrictas para que familiares de servidores públicos participen en contratos gubernamentales, incluso cuando no haya intervención directa? La discusión no es menor, porque de su respuesta depende la credibilidad futura de los mecanismos de contratación pública.
En conclusión, el contrato del Infonavit y la empresa ligada a la familia Crespo no es solo un episodio aislado, sino un reflejo de las tensiones estructurales entre legalidad, ética y poder político. Aunque hasta ahora no se ha probado una irregularidad, el caso demuestra que en la política contemporánea cumplir la ley ya no es suficiente. La exigencia ciudadana apunta a estándares más altos, donde evitar la duda es tan importante como evitar la falta. Porque cuando se trata de recursos públicos, la confianza es un capital que se pierde con facilidad y se recupera con dificultad.
21/12/2025.
Así fue la mañanera con nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum y esto dijo:
"SI HAY CONFLICTO DE INTERÉS EL CONTRATO DEBE SER SUSPENDIDO", afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al ser cuestionada por un reportero hidalguense sobre el contrato de casi mil millones de pesos que otorgó el Infonavit a la empresa de los hermanos del diputado federal de Morena, Ricardo Crespo, antes presidente del PRI de Hidalgo e incondicional de Gerardo Sosa.
23/12/2025.
Solo basto dos días para desmentir a la Presidenta Sheinbaum, donde es claro que mil millones son mas que un interés personal que el respetar a la Presidenta, se sabe y trasciende que solo invito a medios locales de Hidalgo, pero incondicionales, donde aprovecho una reunión del Estado de Hidalgo en Seguridad, para no ir, irse a la yugular a la Presidenta Sheinbaum y sobre todo, faltar al respeto a las autoridades de la entidad, claro ejemplo que esos mil millones serán para un interés personal y buscar la alcaldía por Morena en Pachuca, sin importarle nada, como en esta ocasión, donde desmiente (le dice implícitamente mentirosa) a la Presidenta.
Incluso este diputado Ricardo Crespo dijo que firmaría una acta bajo protesta de decir la verdad, dejando entre líneas ¿"la mentira de la Presidenta?.
Es claro lo que se les olvido mencionar al Diputado el posible trafico de influencias por el nivel de personas con quien se rodea en San Lázaro, al final se tendrá que hacer una investigación con todo este dime y diretes.
Pero, ¿a poco no? ¿usted no defendería un contrato de mil millones?
Así termino el diputado hidalguense por morena Ricardo Crespo al negar conflicto de interés que la Presidenta Sheinbaum menciono y pidió investigar sobre esto y otros posibles delitos.
Vía Info Libre Mx:
_*El Pueblo dice::*_
Si sus hermanos fueran tan buenos, estarían de lleno trabajando de manera TOTALMENTE PRIVADA.
Pero justo AHORA que su hermano tiene poder y relaciones, logran por PRIMERA VEZ, un jugoso contrato.
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_*El Pueblo dice::*_
*PERO SÍ ES UN DIPUTADO FEDERAL CON CONTACTOS A NIVEL FEDERAL que pueden ayudar a sus hermanos.*
Ricardo aprovecha que La Ley que va contra El Nepotismo, será aprobaba hasta el 2030.
Mientras, Ricardo y cualquier otro político - empresario tiene y ha tenido 12 años para hacerse millonario a costillas del pueblo mexicano.
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_*El Pueblo dice::*_
Si el contrato es público, retamos a Ricardo Crespo a que haga público El Contrato y todo el proceso para que así los Hidalguenses vean, que si más participantes en la licitación.
*Así podremos ver, que La Adjudicación NO FUE directa.*
El Pueblo desconfía, ya que en desde hace SIETE AÑOS, las adjudicaciones son directas y no se transparentan los procesos que incluyen:: *Licitar, concursar y adjudicar.*
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*EL PUEBLO SE PREGUNTA*
Acaso no hay más constructoras de Obras Millonarias en las que los dueños, no sean hermanos de algún político con cargo y poder.
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