En cualquier Congreso del país, la Secretaría de Servicios Legislativos es una de esas posiciones que casi nunca buscan los reflectores, pero cuya relevancia es decisiva. Ahí se sostiene buena parte de la seriedad institucional de un Poder.
Ese espacio no se hizo para el protagonismo ni para los acomodos políticos de ocasión: se hizo para darle orden, legalidad y técnica parlamentaria a todo lo que ocurre en el pleno. Si esa pieza falla, falla el Poder Legislativo completo. Así de simple.
En Hidalgo, sin embargo, ese cargo está atravesando una etapa que obliga a levantar la voz. No por grilla, no por golpeteo, sino por responsabilidad pública.
El Congreso no merece desorden, improvisación ni frivolidad en un puesto creado precisamente para evitar eso. Lo mínimo que se espera de quien encabeza esa área es conocimiento jurídico, oficio parlamentario, disciplina institucional y la capacidad de anticipar problemas antes de que se vuelvan crisis. Cuando nada de eso aparece, el costo lo paga el Congreso entero y, por ende, la ciudadanía.
La Secretaría de Servicios Legislativos no es un escritorio donde se firman oficios mecánicamente. Es la columna que sostiene la construcción del proceso parlamentario: define la calidad de las sesiones, el cuidado de la ley, la conducción técnica de los acuerdos, la coherencia de las votaciones, el acompañamiento a comisiones, la correcta publicación de dictámenes y la legitimidad procedimental de cada resolución. Sin esa estructura, la política se convierte en ocurrencia. Por eso preocupa lo que hoy se observa.
No se trata solo de errores administrativos o de estilo. Hablamos de fallas profundas de técnica legislativa, confusión en procedimientos elementales, votaciones sin cauce, sesiones mal conducidas, y un desorden que exhibe desconocimiento de lo que significa garantizar legalidad parlamentaria.
El puesto parece estar siendo tratado como si fuera un espacio de aprendizaje, cuando debería ser uno de los lugares más sólidos, serenos y preparados de toda la administración pública. El Congreso no puede operar como si la Secretaría fuera un accesorio. Es un órgano técnico, no un premio político. Su tarea no es quedar bien con nadie, sino dar certeza jurídica, que es la única forma de honrar a un Poder del Estado.
Cuando eso se debilita, se debilita la confianza pública y se mancha el esfuerzo de diputadas, diputados y equipos que sí trabajan con rigor.Resulta necesario decirlo con claridad: ese encargo exige a alguien que entienda el peso de la ley, que respete la tradición parlamentaria, que domine el reglamento y que actúe con la madurez que demanda un Poder Legislativo.
No es un espacio para improvisar ni para experimentar con la curva de aprendizaje de nadie. Ahí no se juega el prestigio personal de un funcionario: se juega la credibilidad del Congreso. La política se construye también poniendo límites. Y hay límites que no pueden negociarse. La técnica legislativa, el respeto a los procesos y la dignidad institucional no pueden ser sacrificados por intereses internos o por la comodidad de sostener un nombramiento.
Hidalgo merece un Congreso fuerte.
Y un Congreso fuerte empieza por ordenar su casa desde adentro.
Dignificar la Secretaría de Servicios Legislativos no es un capricho; es una obligación con la democracia.
Ese puesto debe estar ocupado por alguien que lo honre, no por alguien que lo ponga en duda.
