Por: Inés Arrroyo
El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, denunció un incidente de intimidación política ocurrido el viernes 16 de enero, cuando se dirigía a la alcaldía tras asistir al informe de la Fiscal General de Justicia en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Durante el trayecto, una motocicleta lo siguió de manera insistente, grabando y tomando fotografías, en lo que calificó como una actitud amenazante y peligrosa.
Al activar el protocolo de seguridad, se descubrió que el conductor portaba documentos falsos, incluida una licencia de Guerrero y una tarjeta de circulación a nombre de otra persona. El alcalde señaló que el individuo es un trabajador en nómina contratado por la diputada del PAN Lizzette Salgado cuando ella fue particular de la anterior alcaldesa, Lía Limón.
López Casarín calificó la acción como una estrategia de intimidación política y subrayó que las diferencias deben resolverse con respeto a la democracia. "No debemos normalizar este tipo de acciones. La democracia no se construye con amenazas ni hostigamiento", dijo. Además, recordó que el PAN ha mostrado oposición a proyectos ciudadanos como el Cablebús y las Utopías, incluso llegando a amenazar y agredir a la ciudadanía durante los procesos de participación en torno a estas iniciativas.
En apoyo al alcalde, el diputado Paulo García González, vocero del grupo parlamentario, advirtió que la oposición ha adoptado actitudes violentas y estrategias de intimidación, y llamó a preservar los espacios de diálogo para resolver diferencias de manera pacífica. "Es fundamental cuidar la convivencia política y garantizar la seguridad de los funcionarios y ciudadanos", señaló.
El incidente ha generado un debate sobre la seguridad de los servidores públicos y la conducta de los partidos políticos en la Ciudad de México, donde las estrategias de confrontación han sido usadas para obstaculizar la labor de las autoridades y desincentivar la participación ciudadana. Las autoridades investigan los hechos para determinar responsabilidades y garantizar que este tipo de intimidaciones no afecten la democracia ni la seguridad de los ciudadanos.
