El gobierno federal volvió a recurrir a uno de sus principales instrumentos de protección financiera: las coberturas petroleras. Durante las primeras semanas de 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) concretó la contratación de estos mecanismos con el objetivo de blindar los ingresos públicos frente a posibles caídas en el precio del crudo.
Así lo informó el titular de Hacienda, Édgar Amador Zamora, durante su participación en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. El funcionario explicó que, debido a la naturaleza del mercado energético, no es posible revelar el monto ni los detalles de la operación, ya que se trata de un mercado altamente especializado y de baja liquidez.
Las coberturas petroleras permiten al Estado garantizar un precio mínimo para la mezcla mexicana de exportación, aun cuando el valor internacional del petróleo se ubique por debajo de lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF). Para este año, el Congreso aprobó un precio de referencia de 54.9 dólares por barril, con el cual el gobierno espera obtener ingresos petroleros por 1 billón 204,300 millones de pesos, un incremento de 1.9% respecto a lo aprobado el año previo.
México ha utilizado este instrumento de protección desde 2001, consolidándolo como una herramienta clave para la estabilidad de las finanzas públicas. Aunque no se activa todos los años, ha sido fundamental en periodos de crisis, como en 2008 y durante la pandemia de 2020, cuando los precios del petróleo se desplomaron a nivel global.
El costo de estas coberturas ha sido históricamente elevado. En promedio, el gobierno ha destinado alrededor de 1,000 millones de dólares para su contratación. Un ejemplo reciente ocurrió en 2019, cuando se pagaron 23,489 millones de pesos para asegurar un precio de 55 dólares por barril.
En otro frente, el secretario de Hacienda descartó que exista, por ahora, un incremento inmediato en las primas de seguros, pese a las modificaciones fiscales relacionadas con el IVA y el sector asegurador. Señaló que el comportamiento de estos productos estará determinado, como en cualquier mercado, por la oferta y la demanda.
Esta postura coincide con la de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), que consideró prematuro anticipar impactos directos en los precios de las pólizas. El organismo subrayó que cada aseguradora deberá analizar posibles ajustes conforme a sus propios modelos técnicos y a la regulación vigente.
Con estas medidas, el gobierno busca enviar una señal de certidumbre financiera en un entorno internacional marcado por la volatilidad energética y los retos fiscales heredados, luego de que en 2024 el déficit fiscal alcanzara un nivel histórico de 5.7% del PIB.
