En política hay desacuerdos legítimos, oposición abierta y debate democrático. Pero también existen momentos en los que la línea se cruza y la discusión deja de ser política para convertirse en un problema institucional.
A mediados de noviembre de 2025, en El Socavón —inmueble propiedad de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo— se reunieron Gerardo Sosa Castelán y Miguel Ángel Osorio Chong. El encuentro no fue fortuito ni social. Fue estratégico. Y, sobre todo, fue revelador.
El lugar no es irrelevante. La UAEH no es una finca privada ni un instrumento político; es una institución pública, autónoma, sostenida con recursos de la sociedad hidalguense. Sin embargo, durante décadas ha sido tratada como extensión de un proyecto personal de poder. Ese antecedente es conocido, documentado y forma parte de la memoria política del estado.
La relación entre Sosa Castelán y Osorio Chong es antigua y profunda. No se limita a coincidencias ideológicas, sino a una historia compartida de respaldos mutuos, favores políticos y protección institucional. Hoy, esa alianza reaparece en un contexto muy distinto: Hidalgo ya no es el mismo, y el país tampoco.
De acuerdo con información obtenida de diversas fuentes, el objetivo del encuentro fue claro: articular una estrategia de confrontación directa contra el actual gobierno del estado y, de manera más amplia, contra el proyecto político encabezado por la presidenta de la República. No desde la crítica pública o la oposición formal, sino desde la operación paralela, la presión mediática, el uso de estructuras partidistas como vehículos y la activación de actores desplazados del antiguo régimen.
No se habló de proyectos de desarrollo ni de una visión renovada para Hidalgo. Se habló de ataques digitales, de acumulación de información sensible, de alianzas oportunistas y de mecanismos de presión. El enfoque no fue propositivo, sino reactivo. Cuando la prioridad es resistir al cambio y no construir futuro, el interés público queda relegado.
En ese diseño, resulta especialmente preocupante el papel asignado a partidos políticos en Hidalgo que, al menos en el discurso, dicen representar causas sociales, laborales o ambientales. Tanto el Partido del Trabajo como el Partido Verde Ecologista de México fueron mencionados no como fuerzas con agenda propia, sino como plataformas funcionales dentro de una estrategia de confrontación. No es una crítica a su militancia ni a sus votantes, sino a la forma en que ciertas dirigencias permiten que sus siglas sean utilizadas para intereses que poco tienen que ver con el bien público y mucho con la preservación de viejos equilibrios de poder. Cuando los partidos se convierten en instrumentos y no en espacios de representación, la democracia se vacía de contenido.
Aquí aparece el punto más delicado: quienes participaron en esta conversación no hablaron como ciudadanos ejerciendo su derecho a disentir, sino como operadores que conciben a una institución pública —la Universidad— como plataforma de combate político. Recursos humanos, financieros y materiales fueron mencionados como parte natural de la estrategia, amparados en una noción distorsionada de la autonomía universitaria.
La autonomía no es licencia para conspirar contra el Estado.
No es blindaje para intereses personales.
Y mucho menos un permiso para usar una institución educativa como trinchera política.
Resulta especialmente grave que, en este contexto, se ignore deliberadamente que el gobernador de Hidalgo y la presidenta de la República cuentan con legitimidad democrática plena. Estar en desacuerdo con ellos es válido; operar desde estructuras públicas y partidistas para debilitarlos no lo es. Esa diferencia es fundamental en cualquier sistema democrático que aspire a ser maduro.
Hidalgo no necesita volver a los tiempos en que el poder se ejercía desde la opacidad, el control y la captura de instituciones. La sociedad ha cambiado, los equilibrios políticos también. Hoy existe mayor vigilancia ciudadana y menor tolerancia a los viejos métodos.
La reunión entre Gerardo Sosa Castelán y Miguel Ángel Osorio Chong no es preocupante solo por los nombres —que ya son conocidos— sino por lo que simboliza: la intención de reactivar un modelo de poder que confunde lo público con lo personal, lo institucional con lo faccioso y la autonomía con impunidad.
Este texto no busca cerrar una discusión, sino abrirla. En una siguiente entrega se dará cuenta de quiénes más estuvieron presentes, qué papeles asumieron y qué responsabilidades institucionales y partidistas ostentan hoy, porque cuando se actúa desde estructuras públicas y políticas, el silencio deja de ser una opción.
La sociedad hidalguense merece saber.
Hoy yo los llamo: El Complo del Viejo y Arcaico Grupo Universidad de Hidalgo.
