El Senado de la República aprobó la reforma constitucional que reducirá la jornada laboral en México a 40 horas semanales, medida que se implementará de forma gradual hasta el año 2030. Sin embargo, la mayoría oficialista rechazó incluir en el texto constitucional la obligación explícita de otorgar dos días de descanso por semana.
El dictamen, impulsado por el Ejecutivo federal, modifica el artículo 123 para disminuir dos horas por año la jornada laboral hasta alcanzar el nuevo límite. En lo general fue aprobado por unanimidad, con 121 votos a favor; en lo particular obtuvo 103 votos a favor y 15 en contra, por lo que ahora será turnado a la Cámara de Diputados.
Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Trabajo, Geovanna Bañuelos (PT), sostuvo que la reforma responde a recomendaciones internacionales que advierten sobre los riesgos del exceso de trabajo para la salud. Desde Morena, Enrique Inzunza defendió que la reducción progresiva consolidará el Estado de bienestar y ampliará derechos laborales.
No obstante, el punto de mayor confrontación fue la negativa de Morena y parte del PVEM a establecer de manera expresa que los trabajadores deben gozar de dos días de descanso semanales. Movimiento Ciudadano, PRI y PAN argumentaron que un solo día resulta insuficiente para la recuperación física y mental, así como para atender responsabilidades personales y familiares.
Las reservas para incorporar esa precisión fueron rechazadas. También fracasaron las propuestas para adelantar la entrada en vigor a 2027 y para otorgar estímulos fiscales a empresas que deban ampliar su plantilla laboral ante la reducción de horas.
Otro de los cuestionamientos giró en torno al pago de horas extras. Legisladores de oposición señalaron que el nuevo esquema retrasa el pago triple hasta la hora 13, cuando actualmente aplica desde la décima, lo que —advirtieron— podría impactar en el ingreso de los trabajadores.
Pese a las diferencias, la reforma avanzó con amplio respaldo político y marca uno de los cambios laborales más relevantes en décadas. Ahora corresponderá a la Cámara de Diputados revisar el proyecto que, de aprobarse, redefinirá el modelo de jornada laboral en el país hacia el cierre de la década.