Por: Héctor Herrera
La aparición de un grupo de WhatsApp en Ixmiquilpan, Hidalgo, donde se compartían fotografías de varias mujeres, encendió alertas sobre posibles casos de violencia digital y difusión de imágenes sin consentimiento. El hecho también reavivó el debate sobre la identificación de quienes participan en este tipo de prácticas.
Al respecto, la presidenta recordó que cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México se creó una plataforma para registrar a personas responsables de agresiones contra mujeres, una herramienta diseñada para apoyar investigaciones y facilitar la identificación de posibles responsables.
En un inicio, se planteó que el registro fuera público para que cualquier persona pudiera conocer el nombre de quienes hubieran recibido una sentencia por este tipo de delitos. Sin embargo, una organización civil presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación al considerar que la difusión abierta de esos datos podía vulnerar derechos relacionados con la protección de información personal.
Tras analizar el caso, la Corte determinó que el registro no podía difundirse públicamente. Por ello, la plataforma continúa en operación, pero solo puede ser consultada por autoridades y utilizarse en el marco de una investigación o denuncia formal.
La mandataria explicó que cuando una víctima reporta un caso ante la Secretaría de las Mujeres o presenta una denuncia ante una fiscalía estatal, las autoridades pueden revisar ese sistema como parte del proceso para identificar posibles antecedentes de los agresores.
Subrayó que ante la circulación de fotografías o contenidos que vulneren la intimidad de las mujeres, lo fundamental es denunciar de inmediato, ya que las fiscalías deben abrir una carpeta de investigación y tomar las medidas necesarias para sancionar a los responsables.
Además, destacó que actualmente el gobierno mantiene acuerdos de colaboración con plataformas digitales, lo que permite atender con mayor rapidez reportes relacionados con violencia en línea. A través de estos mecanismos, las empresas pueden retirar imágenes o publicaciones que afecten a las víctimas mientras las autoridades realizan las indagatorias correspondientes.
La presidenta consideró que este tipo de coordinación entre instituciones y empresas tecnológicas es clave para enfrentar un problema que se ha expandido en los entornos digitales y que afecta, principalmente, a mujeres y niñas.
.jpg)
