Muertes en centro del ICE desatan ofensiva legal y diplomática de México

Por Héctor Herrera 

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, activó una estrategia legal y diplomática tras la muerte de connacionales bajo custodia migratoria en el centro de detención de Adelanto, en Estados Unidos.

La cancillería confirmó que los fallecimientos —al menos tres en ese mismo recinto— detonaron una serie de acciones que buscan visibilizar las condiciones en las que se encuentran personas migrantes detenidas, particularmente ante denuncias por deficiencias graves en atención médica y condiciones de vida.

Entre las medidas anunciadas destaca la participación del Estado mexicano como amicus curiae en la demanda L.T. Mesrobian, impulsada por organizaciones legales en Los Ángeles, donde se documentan presuntas violaciones a derechos humanos dentro del centro de detención, como aislamiento punitivo, falta de servicios básicos y condiciones insalubres.

De manera paralela, autoridades consulares sostendrán encuentros con familiares de las víctimas y organizaciones defensoras de migrantes, mientras que la embajada de México en Estados Unidos enviará comunicaciones formales a legisladores federales para alertar sobre las condiciones en el centro.

El tema ya fue abordado en el ámbito diplomático por funcionarios mexicanos con autoridades estadounidenses, además de que se prevén acercamientos con instancias del estado de California para dar seguimiento al caso.

Como parte de la ofensiva internacional, México también solicitará una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de exponer los fallecimientos y las condiciones en centros de detención migratoria.

La cancillería exigió una revisión inmediata del centro de Adelanto, al señalar "graves omisiones" en la atención médica de personas bajo custodia.

Esta iniciativa marca un endurecimiento de la postura del gobierno mexicano frente a las condiciones en centros de detención migratoria en Estados Unidos, al escalar el caso a instancias internacionales y presionar por responsabilidades ante posibles violaciones a derechos humanos.