Por: Héctor Herrera
En un giro estratégico hacia un modelo turístico con enfoque social, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó el decreto que declara al turismo comunitario como actividad de interés público y prioridad nacional, con el objetivo de fortalecer la economía local y reconocer a los pueblos originarios como actores centrales del desarrollo.
La medida establece la creación de los llamados Destinos Turísticos Comunitarios (DTC), regiones donde los servicios y productos turísticos serán operados principalmente por cooperativas y empresas de base comunitaria, lo que permitirá que la derrama económica permanezca en las propias comunidades.
Durante el acto realizado en Quintana Roo, la mandataria subrayó que esta política responde a un principio de justicia social. "Es el turismo del México profundo, el que permite conocer realmente la vida de las comunidades, su cultura, su historia y su territorio", afirmó.
Como parte de esta estrategia, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo destinará recursos directos para infraestructura, equipamiento y promoción de estos destinos, con el fin de consolidarlos como alternativas sostenibles frente a los modelos turísticos tradicionales.
En una primera etapa, el gobierno federal prevé el impulso de tres proyectos emblemáticos: Maya Ka'an, Camino del Mayab y Pueblos Mancomunados, considerados ejemplos de organización comunitaria y aprovechamiento sustentable del patrimonio cultural y natural.
El director de Fonatur, Sebastián Ramírez Mendoza, explicó que el decreto permitirá al Estado planear y orientar la actividad turística bajo criterios de equidad, garantizando que las comunidades participen en la toma de decisiones sobre el desarrollo de sus territorios.
Además, se contempla la creación de una coordinación nacional para el fomento del turismo comunitario, en la que participarán diversas dependencias federales, así como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, instituciones académicas y organizaciones civiles, con el propósito de articular esfuerzos y ampliar el alcance de esta política pública.
El modelo ya muestra resultados en regiones como la península de Yucatán, donde iniciativas de turismo comunitario generan ingresos superiores a los 30 millones de pesos y contribuyen a la conservación de miles de hectáreas de territorio.
Autoridades estatales, como la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, destacaron que este decreto marca un precedente al reconocer formalmente un esquema que combina desarrollo económico, preservación cultural y sostenibilidad ambiental.
Con esta decisión, el gobierno federal busca transformar la lógica del turismo en México, pasando de un modelo concentrado en grandes complejos a uno que prioriza la participación comunitaria, la distribución equitativa de beneficios y la revalorización de las identidades locales.
