Por: Héctor Herrera
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, afirmó que el feminicidio en México exige respuestas estructurales por parte de todas las instituciones del Estado, al presentar una iniciativa de Ley General orientada a fortalecer la prevención, investigación, sanción y reparación del daño en estos casos.
Durante el anuncio, la titular de la Fiscalía General de la República subrayó que este delito no puede reducirse a estadísticas o marcos normativos, sino que representa una problemática profunda que involucra vidas arrebatadas y una deuda histórica en materia de justicia para las mujeres y sus familias.
La propuesta, desarrollada en conjunto con la Secretaría de las Mujeres, plantea un cambio de enfoque al reconocer el feminicidio no sólo como un delito, sino como una grave violación a los derechos humanos, lo que implica mayores obligaciones para las autoridades encargadas de la procuración de justicia.
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la homologación del tipo penal en todo el país, incorporando nueve razones de género que permitan identificar este delito de manera más precisa. Entre ellas se incluyen la existencia de violencia sexual, lesiones degradantes, antecedentes de violencia, relaciones de poder o subordinación, así como condiciones de indefensión o la exposición del cuerpo de la víctima.
En materia de sanciones, la propuesta contempla penas que van de 40 a 70 años de prisión, además de establecer que toda muerte violenta de una mujer deberá ser investigada desde el primer momento bajo la hipótesis de feminicidio, con el fin de evitar omisiones o clasificaciones erróneas.
Asimismo, se plantea que este delito sea perseguido de oficio, reforzando la obligación del Estado de actuar con debida diligencia y bajo protocolos especializados que integren la perspectiva de género, el análisis del contexto de violencia y la adecuada preservación de indicios.
La iniciativa también busca fortalecer la coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas, con el objetivo de garantizar procesos más eficaces y sensibles ante este fenómeno.
Godoy Ramos destacó que la erradicación de la violencia feminicida requiere la participación conjunta de autoridades, academia, organizaciones civiles y colectivas feministas, en una lucha que calificó como permanente.
Con esta propuesta, el Estado mexicano busca avanzar hacia un marco jurídico más sólido que permita atender de manera integral uno de los delitos más graves y persistentes en el país, en un contexto donde la exigencia de justicia para las mujeres continúa siendo una prioridad nacional.
