La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó una iniciativa de reforma constitucional que busca establecer límites al incremento de las rentas y consolidar un nuevo modelo de acceso a la vivienda en la Ciudad de México, en lo que calificó como un paso histórico para garantizar el derecho a habitar la ciudad.
La propuesta plantea que los precios de alquiler no puedan aumentar por encima de la inflación, con el objetivo de frenar el encarecimiento sostenido de la vivienda y brindar mayor certidumbre a millones de personas que viven bajo este esquema.
El proyecto será enviado al Congreso de la Ciudad de México, donde se discutirá su incorporación a la Constitución local, lo que permitiría dotar de mayor solidez jurídica a las políticas en materia de vivienda y evitar que dependan de decisiones administrativas temporales.
Además de regular el mercado de renta, la iniciativa contempla una estrategia integral para ampliar la oferta de vivienda social y asequible, mediante la adquisición de suelo y el fortalecimiento de mecanismos de acceso para sectores con menores ingresos, así como para jóvenes.
Uno de los elementos centrales es la creación de la Defensoría de los Derechos Inquilinarios, instancia que tendrá la función de orientar, mediar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones entre arrendadores y arrendatarios, con el propósito de equilibrar una relación históricamente desigual.
La reforma también incorpora el reconocimiento del derecho al arraigo comunitario, entendido como la posibilidad de las personas de permanecer en sus entornos sociales, culturales y económicos, frente a fenómenos como el desplazamiento y la gentrificación.
Autoridades capitalinas subrayaron que la iniciativa no vulnera el derecho a la propiedad privada, sino que busca establecer reglas claras para un mercado que, en los últimos años, ha generado presiones económicas significativas en amplios sectores de la población.
El diagnóstico oficial indica que cerca de 2 millones de personas en la capital viven en renta y que, en zonas centrales, más del 40 por ciento de los ingresos familiares se destina al pago de vivienda, proporción que puede elevarse hasta la mitad en los hogares de menores recursos.
Con esta propuesta, el gobierno capitalino busca posicionar a la ciudad a la vanguardia en la regulación del mercado inmobiliario, en respuesta a una problemática global que impacta a miles de millones de personas y que exige soluciones estructurales de largo plazo.
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