Por: Inés Arroyo
El feminicidio de Edith Guadalupe, joven de 21 años asesinada tras acudir a una supuesta oferta de empleo en la alcaldía Benito Juárez, escaló a un caso de responsabilidad institucional, luego de que autoridades confirmaran la separación de funcionarios y la existencia de posibles irregularidades en la atención inicial.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que no habrá impunidad y confirmó que ya hay una persona detenida por el crimen, mientras continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades tanto penales como administrativas.
El detenido fue identificado como Juan Jesús “N”, quien se desempeñaba como guardia de seguridad del inmueble ubicado en avenida Revolución, donde la víctima fue localizada sin vida. De acuerdo con las investigaciones, Edith Guadalupe fue atacada en la caseta de vigilancia, presuntamente con un desarmador.
Fallas institucionales bajo investigación
El caso no sólo expone un acto de violencia extrema, sino también posibles actos de negligencia y corrupción. Familiares denunciaron que se les habría solicitado dinero para agilizar la búsqueda de la joven tras su desaparición.
Ante estos señalamientos, tres funcionarios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México fueron separados de sus cargos mientras se investiga su actuación. De manera preliminar, se trataría de policías de investigación.
Brugada subrayó que este tipo de conductas no serán toleradas:
“No podemos permitir que haya funcionarios que actúen de esa manera. Es un hecho muy lamentable y se está actuando”.
Contexto de violencia y presión institucional
La mandataria capitalina defendió el desempeño general de la fiscalía, encabezada por Bertha Alcalde Luján, al señalar que entre el 90% y el 95% de los feminicidios en la capital han sido judicializados.
De acuerdo con datos oficiales, en el último año se registraron 44 feminicidios en la Ciudad de México, de los cuales 42 derivaron en detenciones o procesos penales.
Sin embargo, el caso de Edith Guadalupe ha puesto en evidencia fallas en los protocolos de reacción inmediata, así como posibles redes de engaño a través de falsas ofertas laborales, un patrón que comienza a repetirse en la capital.
Investigación en curso
Las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación, incluyendo la posible participación de más personas y la operación de esquemas para atraer víctimas mediante ofertas de trabajo falsas.
El gobierno capitalino aseguró que se dará seguimiento puntual al caso y reiteró su compromiso de garantizar justicia para la víctima y su familia, en un contexto donde la exigencia social apunta no sólo a castigar a los responsables directos, sino también a erradicar las fallas estructurales que permitieron el crimen.
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