En una operación dirigida contra presuntas estructuras de corrupción y delincuencia organizada en Morelos, autoridades federales ejecutaron seis órdenes de aprehensión en Morelos y Querétaro contra servidores públicos, exfuncionarios, empresarios y particulares, en un caso que apunta a posibles vínculos entre autoridades municipales y grupos criminales con presencia en la región oriente del estado.
Durante una conferencia de prensa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las acciones forman parte de la estrategia federal de combate a la corrupción, la extorsión y la impunidad impulsada por el gobierno federal.
De acuerdo con las investigaciones, municipios de la zona oriente de Morelos, particularmente Cuautla, enfrentaban dinámicas de extorsión dirigidas contra comerciantes, transportistas, familias y sectores productivos, mediante cobro de cuotas, amenazas y mecanismos de presión atribuidos a organizaciones criminales que buscaban consolidar control territorial.
Como resultado de trabajos de inteligencia, investigación y coordinación entre la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se obtuvieron órdenes de cateo en inmuebles ubicados en Morelos y Querétaro, así como mandamientos judiciales contra diversos objetivos vinculados con la indagatoria.
Entre las personas detenidas se encuentran Agustín “N”, alcalde de Atlatlahucan; Irving “N”, expresidente municipal de Yecapixtla; Horacio “N”, secretario municipal de Cuautla; Jonathan “N”, tesorero municipal de Cuautla; Pablo Adrián “N”, empresario; y Arisbel Rubí “N”, excandidata a una presidencia municipal.
Las autoridades también confirmaron que continúa la búsqueda de Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla, para ejecutar la orden de aprehensión correspondiente.
Uno de los elementos más relevantes del caso involucra la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera, instancia que anunció el bloqueo de 32 sujetos relacionados con la presunta red investigada: 22 personas físicas y 10 personas morales.
Según la información presentada por el Gabinete de Seguridad, entre los involucrados habría presidentes municipales, funcionarios del Ayuntamiento de Cuautla, actores políticos, económicos y sociales que presuntamente habrían mantenido vínculos con un operador regional del Cártel del Pacífico, a quien, de acuerdo con las investigaciones, habrían brindado facilidades para operar en la región.
El titular de la SSPC explicó que el reforzamiento de la estrategia de seguridad en Morelos inició a mediados de abril por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, medida que permitió ampliar la presencia operativa federal y fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación.
Con este operativo, el gobierno federal busca golpear presuntas redes de protección institucional ligadas a la delincuencia organizada, en una acción que coloca bajo investigación a actores políticos, funcionarios municipales y operadores económicos señalados por facilitar esquemas de extorsión y operación criminal en Morelos.
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