A través de un posicionamiento difundido en redes sociales, Morena sostuvo que el PRI ha perdido gubernaturas, alcaldías y respaldo electoral, pero mantiene el acceso a prerrogativas públicas. El planteamiento se inserta en la discusión sobre el costo del sistema de partidos y la posibilidad de modificar el esquema actual de financiamiento.
La controversia ocurre mientras el Congreso mantiene pendiente la discusión sobre cambios al modelo de financiamiento político. La propuesta de reforma electoral presentada en 2026 contemplaba una reducción aproximada de 25 por ciento en el gasto electoral, incluido el destinado a los partidos, aunque la iniciativa no consiguió los votos necesarios para avanzar.
El debate adquiere relevancia por el monto de los recursos involucrados. Para 2026, el Instituto Nacional Electoral aprobó 7 mil 737 millones 252 mil 697 pesos de financiamiento público federal para los partidos políticos nacionales, destinados a actividades ordinarias, específicas y franquicias postal y telegráfica.
El esquema continuará representando una cantidad considerable durante el proceso electoral de 2027. El INE aprobó un financiamiento total de más de 10 mil 842 millones de pesos para partidos políticos, campañas federales y candidaturas independientes. De ese monto, el PRI recibirá mil 372.7 millones de pesos.
Sin embargo, el cuestionamiento también alcanza a Morena. Para 2027, el partido gobernante recibirá alrededor de 3 mil 604.9 millones de pesos, la cifra más alta entre las fuerzas políticas nacionales, de acuerdo con la distribución aprobada por el INE.
Así, la discusión no se limita al PRI: pone nuevamente sobre la mesa el modelo mediante el cual los partidos nacionales reciben recursos públicos de manera anual y plantea el debate sobre cuánto debe costar el funcionamiento de las estructuras partidistas y qué modificaciones deberían aplicarse al sistema de prerrogativas.
El posicionamiento de Morena ocurre en un contexto en el que la reducción del financiamiento público continúa siendo uno de los temas centrales de la reforma electoral, mientras los partidos se preparan para el proceso electoral de 2027.
