Integrantes de colectivos, organizaciones civiles y comunidades de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago solicitaron al Congreso de Jalisco abrir un Parlamento Abierto para revisar el proyecto del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, transparentar sus implicaciones financieras y ambientales, y garantizar la participación ciudadana antes de comprometer recursos públicos a largo plazo.
Durante una conferencia de prensa, Marco Llamas, integrante del Frente de Pueblos Unidos de la Ribera de Chapala, advirtió que el proyecto contempla compromisos financieros de hasta 48 mil 296 millones de pesos durante 25 años, bajo el esquema de contratación CMRO. Ante esa proyección, los inconformes pidieron examinar las condiciones económicas del plan y sus posibles consecuencias sociales y ambientales.
Entre sus principales demandas figura la publicación de los estudios de costo-beneficio, así como una revisión del modelo de contratación para asegurar que la gestión del agua permanezca bajo control público. También plantearon que el Congreso convoque a comunidades, especialistas y ciudadanía para discutir el proyecto y sus alternativas.
Los representantes de las organizaciones sostuvieron que la atención a la crisis hídrica debe considerar otras medidas, entre ellas la rehabilitación de las redes de distribución, la reducción de fugas, el saneamiento y la reutilización del agua. A su juicio, estas opciones deben analizarse junto con las necesidades de abastecimiento y los costos que implicaría el nuevo acueducto.
La agenda de los colectivos también contempla la recuperación de los ecosistemas de la región. Exigieron acciones para restaurar el lago de Chapala, los ríos, humedales y acuíferos, además de proteger los manantiales y otras fuentes de abastecimiento. En la Zona Metropolitana de Guadalajara, pidieron atender a las colonias afectadas por problemas de calidad del agua y priorizar las obras de saneamiento y mantenimiento de la infraestructura existente.
A las demandas ambientales y de acceso al agua se sumaron solicitudes relacionadas con las detenciones ocurridas durante una manifestación el 11 de octubre. Los participantes pidieron cerrar las carpetas de investigación contra las personas que, aseguraron, fueron detenidas arbitrariamente, así como sancionar a los responsables y garantizar la reparación integral de los daños.
Con consignas como “No más muertes por la contaminación” y “Salvemos el lago más grande de México”, los manifestantes insistieron en que la urgencia de atender el abastecimiento de agua no debe excluir la transparencia, la consulta pública ni la evaluación de alternativas.
El espacio para presentar sus planteamientos fue facilitado por la diputada Mariana Casillas Guerrero. Hasta la información difundida en el comunicado, las exigencias centrales de los colectivos consistían en abrir el debate legislativo, hacer públicos los estudios financieros y ambientales y someter el proyecto a una revisión que incorpore las necesidades de las comunidades involucradas.
