El gobierno de Hidalgo mantiene su postura de que Uber no puede prestar servicios de transporte en la entidad bajo el marco jurídico vigente. El gobernador Julio Menchaca advirtió que podrían aplicarse sanciones tanto a los conductores como a la empresa, al considerar que este modelo de movilidad mediante plataformas digitales no está autorizado por la legislación estatal.
La posición del mandatario coloca nuevamente en discusión las condiciones regulatorias para la operación de aplicaciones de transporte en Hidalgo, así como las obligaciones que deben cumplir las empresas y quienes ofrecen viajes a través de sus servicios.
De acuerdo con lo expuesto por Menchaca, la normativa estatal actual no contempla el esquema de operación de Uber, por lo que las autoridades podrían actuar contra quienes presten el servicio sin contar con la autorización correspondiente. El señalamiento establece la postura del gobierno estatal, aunque para determinar el alcance de las medidas anunciadas es necesario identificar las disposiciones legales específicas que resultarían aplicables.
La controversia involucra dos aspectos centrales: las facultades de las autoridades para regular el transporte y los requisitos que deben satisfacer las plataformas digitales para operar dentro de la entidad. También pone sobre la mesa la situación de los conductores que utilizan estas aplicaciones como fuente de ingresos y que podrían verse afectados por eventuales operativos o procedimientos administrativos.
Para establecer con precisión las consecuencias de la advertencia, resulta necesario conocer qué artículos de la legislación hidalguense regulan este tipo de servicios, qué dependencias tienen atribuciones para intervenir y qué sanciones contempla la normativa para cada conducta. Estos elementos permitirían distinguir entre la postura política del Ejecutivo estatal y las medidas que pueden aplicarse legalmente.
Hasta la información disponible, no se detallan los montos de las posibles multas, el número de conductores que podrían resultar afectados ni un calendario de operativos contra la plataforma. Tampoco se especifican las condiciones que permitirían regularizar este modelo de transporte, en caso de que la legislación estatal contemple alguna vía para ello.
La definición del marco jurídico será determinante para conocer el alcance de las restricciones y las obligaciones de los prestadores del servicio. Mientras tanto, el gobernador ha reiterado que la operación de Uber en Hidalgo podría derivar en sanciones, bajo el argumento de que la actividad no cuenta con autorización conforme a las disposiciones estatales vigentes.
