La entrada de Uber al mercado de transporte de pasajeros en Hidalgo abrió un frente legal entre la plataforma y el gobierno estatal, que prepara una denuncia por su presunta operación irregular. Al mismo tiempo, la administración de Julio Menchaca Salazar anticipa cambios en el ordenamiento del servicio público ante la saturación que, según el mandatario, enfrenta la entidad.
El gobernador informó que la coordinación jurídica estatal trabaja en la integración de la documentación necesaria para presentar el caso ante las autoridades correspondientes. El asunto fue revisado durante la reunión de gabinete del lunes 19 de octubre y, de acuerdo con el mandatario, la intención es formalizar la denuncia durante esta semana.
Menchaca sostuvo que la legislación penal contempla disposiciones para sancionar determinadas prácticas relacionadas con el uso indebido del transporte público. Bajo esa interpretación, su administración considera que la forma en que Uber comenzó a ofrecer viajes en Hidalgo podría contravenir las normas vigentes.
La eventual presentación de la denuncia abrirá paso a la intervención de las autoridades competentes, que deberán analizar los hechos y determinar si existe alguna infracción. Hasta el momento, la información disponible no precisa qué disposición legal específica se invocará ni qué sanciones podrían solicitarse.
El conflicto ocurre después de que la plataforma comenzara a ofrecer viajes en la entidad el lunes 19 de octubre, con tarifas que algunos usuarios consideraron accesibles. Sin embargo, las primeras experiencias reportadas fueron distintas: mientras algunas personas celebraron la llegada de una alternativa de movilidad, otras señalaron demoras prolongadas o servicios que no llegaron a concretarse.
La discusión también puso de nuevo sobre la mesa las inconformidades de usuarios con el servicio tradicional de taxis. Entre los señalamientos difundidos figuran deficiencias en la atención y cobros considerados excesivos, incluidos casos en los que, según los usuarios, las tarifas superarían los tabuladores autorizados por la Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo.
En ese contexto, el gobernador indicó que el ordenamiento del transporte será uno de los asuntos que atenderá durante los dos últimos años de su administración. También mencionó la saturación del servicio público como uno de los factores que deberán considerarse al evaluar la organización del sector y las condiciones bajo las cuales pueden operar distintas modalidades de transporte.
La discusión sobre Uber trasciende la situación jurídica de una plataforma y coloca en el centro la regulación de los servicios de movilidad, las condiciones de competencia y la calidad de la atención que reciben los pasajeros. La definición de reglas claras será relevante tanto para quienes prestan el servicio como para los usuarios que buscan opciones accesibles y confiables.
Por ahora, el gobierno estatal mantiene en preparación las acciones legales anunciadas, mientras queda pendiente conocer el fundamento específico de la denuncia y la respuesta de las autoridades sobre la situación de la plataforma en Hidalgo.
