La bancada petista en el Congreso de la Unión, diputado Javier Vázquez Calixto y Oscar Damián Sosa Castelán, (hermano de Gerardo Sosa, investigado por delitos federales) señalaron una Seudo persecución policía, pero, todos y cada uno de los que aparece en el vídeo desde San Lázaro, amenazaron con que tienen familia y les sobra dos años para salir del gobierno de Hidalgo, dando a entender que "se las cobraran", gracias a estos PTistas, hoy la coalición peligra en el todo México, solo por exigir revisar los procesos penales contra exfuncionarios y militantes del partido, así como verse beneficiados de contra lo que llamron el contrapeso para más espacios..
Legisladores y dirigentes del Partido del Trabajo (PT) denunciaron una presunta persecución política contra integrantes de esa fuerza política en Hidalgo y solicitaron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para atender diversos casos judiciales, entre ellos el del exalcalde de Tlaxcoapan, Miguel Ángel López Hernández, quien, de acuerdo con sus representantes, cumplía siete días en huelga de hambre.
Durante una rueda de prensa en la Cámara de Diputados, los petistas señalaron esta presunta persecución, pero sin dar sustento legal a los procesos que se les sigue a sus "defendidos", trasciende que estas presuntas acciones dirigidas contra liderazgos de su partido, solo representaran en un rompimiento de la coalición a nivel nacional, los participantes sostuvieron que las detenciones y los procesos penales han afectado a sus compañeros y podrían limitar su participación política en la entidad. Sin embargo, las acusaciones expuestas durante el encuentro no constituyen, por sí mismas, una resolución sobre la existencia de persecución política.
Uno de los principales casos abordados fue el de Miguel Ángel López Hernández, quien enfrenta cinco causas penales relacionadas con presunto peculado. Su abogado cuestionó que permanezca en prisión preventiva y aseguró que la defensa ha solicitado, sin éxito, que pueda llevar sus procesos en libertad bajo medidas cautelares, incluido el resguardo domiciliario.
El representante legal también sostuvo que algunas observaciones de auditoría que dieron origen a los procedimientos ya habían sido solventadas y cuestionó resoluciones judiciales relacionadas con causas en las que, afirmó, previamente se había decretado la libertad de su defendido. Además, planteó posibles afectaciones al principio jurídico non bis in idem, que impide juzgar dos veces a una persona por los mismos hechos. La procedencia de estos señalamientos requiere contrastarse con las resoluciones judiciales correspondientes.
La situación del exdiputado local Edgar Hernández Añú también formó parte de la denuncia. De acuerdo con la exposición de su abogado, fue absuelto en el ámbito federal en un proceso relacionado con armas y drogas, mientras que en el fuero común recibió una condena de cinco años de prisión. La defensa argumentó que el cateo fue declarado ilegal en el procedimiento federal y señaló que el asunto local se encontraba en revisión mediante un amparo directo.
Los participantes también mencionaron al expresidente municipal de Progreso, Armando Mera Olguín. Un representante del PT afirmó que habría recibido presiones para declararse culpable mientras enfrentaba un proceso penal, versión que no fue acompañada durante la rueda de prensa de elementos independientes que permitieran corroborarla.
Entre quienes intervinieron estuvieron Damián Sosa Castelán, comisionado político de Asuntos Electorales del PT en Hidalgo; Amadeo Espinosa Ramos, diputado federal por Chiapas, y Magdalena Núñez Monreal, legisladora petista. Los tres expresaron su respaldo a sus compañeros y cuestionaron la actuación del gobierno estatal. También se mencionó a otras personas, entre ellas Diana Laura Marroquín Gallardo y Gabriel García, de Tizayuca, como parte de los casos que el partido considera relacionados con presuntas acciones de persecución.
Por su parte, Manuel López Hernández, hermano del exalcalde de Tlaxcoapan, afirmó que la familia relaciona el inicio del conflicto con el proceso electoral de 2024 y pidió que las autoridades federales intervengan para atender el caso y agilizar la resolución de los recursos judiciales.
Los representantes petistas anunciaron que continuarán presentando sus denuncias ante distintas instancias, incluso internacionales. La controversia plantea dos asuntos que requieren distinguirse: la situación jurídica de los exfuncionarios sujetos a procesos penales y los señalamientos políticos contra las autoridades estatales. La revisión de las resoluciones judiciales y la postura de los funcionarios señalados serán fundamentales para esclarecer las acusaciones expuestas en la Cámara de Diputados.
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