Italia enfrenta una ola de disturbios que ha dejado decenas de agentes heridos, cientos de detenidos y daños en establecimientos comerciales, principalmente en Milán. Los hechos ocurrieron después de movilizaciones relacionadas con la educación y el costo de vida, en una jornada que comenzó con manifestaciones pacíficas y terminó con enfrentamientos entre grupos de jóvenes y fuerzas de seguridad.
Los episodios más graves se registraron en el centro de Milán, particularmente en los alrededores de la plaza del Duomo. Según informó El País el 18 de octubre de 2026, grupos de jóvenes, algunos encapuchados, se concentraron en la zona y posteriormente protagonizaron actos de vandalismo y ataques contra comercios. La policía respondió con gases lacrimógenos, cañones de agua y unidades antidisturbios.
Los ataques alcanzaron tiendas de ropa, bares y supermercados. En algunos establecimientos, los participantes rompieron escaparates y sustrajeron mercancías; además, se reportó la agresión a un guardia de seguridad que intentó detener un asalto. Ante los incidentes, la catedral de Milán cerró temporalmente sus puertas y varias personas tuvieron que abandonar la zona o buscar refugio.
El balance difundido por el medio español reportó al menos 200 detenidos en Milán, la mayoría menores de edad. La cifra correspondía a los incidentes registrados hasta el momento de la publicación y se sumaba a las detenciones del sábado en otras localidades. Durante esa jornada, más de 140 integrantes de las fuerzas de seguridad resultaron heridos.
La violencia también se extendió a Turín, Bolonia, Brescia y Bérgamo. En Turín fue asaltada una librería ubicada en la estación de Porta Nuova, mientras que en Bolonia se registraron lanzamiento de objetos, barricadas y enfrentamientos cerca de la estación ferroviaria, que suspendió temporalmente sus operaciones como medida preventiva.
La escalada llevó a la primera ministra, Giorgia Meloni, a convocar una reunión para analizar la situación y evaluar medidas adicionales de seguridad. La mandataria sostuvo que el Estado debe actuar contra quienes aprovechan las manifestaciones para generar violencia, aunque distinguió entre el derecho a protestar y los actos que alteran el orden público.
Los disturbios también abrieron un frente de confrontación política. El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, cuestionó la capacidad del despliegue policial para contener los ataques, lo que provocó una respuesta crítica del ministro del Interior, Matteo Piantedosi. Por su parte, Meloni acusó a sectores de la izquierda de justificar la violencia, pese a que, según el reporte, no se había establecido una afiliación política clara de los grupos involucrados.
Mientras continúan las repercusiones, Italia enfrenta el reto de contener nuevos episodios violentos sin confundir a quienes participaron en las movilizaciones pacíficas con quienes cometieron agresiones o saqueos. La respuesta gubernamental deberá atender tanto la seguridad de la población como las demandas sociales que estuvieron en el origen de las protestas.
