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Gerardo Sosa CastelÃĄn, exdiputado federal, exrector y expresidente del Patronato de la Universidad AutÃŗnoma del Estado de Hidalgo (UAEH), enfrentarÃĄ ante un Tribunal de Enjuiciamiento los cargos por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilÃcita por 58 millones 245 mil 948 pesos.
La justicia federal no le concediÃŗ el Ãēltimo recurso, de la Ãēltima instancia, con el que buscaba evitar el juicio.
En sesiÃŗn virtual ordinaria del 1 de octubre, el Tercer Tribunal Colegiado de ApelaciÃŗn del Segundo Circuito validÃŗ la ponencia a cargo de la magistrada Amelia del Carmen FernÃĄndez BarquÃn respecto al amparo en revisiÃŗn 17/2026 presentado por el polÃtico hidalguense.
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A travÊs del medio de impugnaciÃŗn, Sosa combatÃa la sentencia del 21 de noviembre 2025 dictada en el juicio de amparo indirecto 66/2025 por el Primer Tribunal Colegiado de ApelaciÃŗn del Segundo Circuito, misma que ratificaba que el juez de control Gregorio Salazar HernÃĄndez habÃa excedido sus facultades al haber sobreseÃdo los cargos en contra del exrector.
Es decir, Gerardo Sosa buscaba que se diera por vÃĄlida la decisiÃŗn de Salazar que le habÃa favorecido para librar el juicio, porque lo habÃa dejado libre de los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Esa decisiÃŗn se remonta al 25 de septiembre de 2024, cuando Gregorio Salazar, juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, en el Estado de MÊxico, con residencia en Almoloya de JuÃĄrez, celebrÃŗ una audiencia en la que sobreseyÃŗ parcialmente los delitos imputados a Sosa CastelÃĄn, con una serie de criterios que se contrapusieron a su propia decisiÃŗn de vincularlo a proceso la madrugada del 6 de septiembre de 2020.
Gregorio Salazar fue el mismo juez que considerÃŗ que habÃa elementos suficientes para iniciar un juicio formar contra Gerardo Sosa, a quien la FiscalÃa General de la RepÃēblica (FGR) lo acusÃŗ de sustraer recursos del erario de la Universidad AutÃŗnoma de Hidalgo a travÊs de empresas fachada, Contabilidad del Siglo XXI, la cual enviÃŗ transferencias bancarias al propio Sosa, sus dos hijas Ana Carmen y Adriana Sosa Cravioto y personas allegadas a su entorno.
Con base en informes de la ComisiÃŗn Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Servicio de AdministraciÃŗn Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera incorporadas a esa causa penal, la 263/2020, en la movilidad y captaciÃŗn del dinero TambiÊn participÃŗ la Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo, cuyo accionista principal es DamiÃĄn Sosa CastelÃĄn, hermano de Gerardo, excandidato a la presidencia municipal de Tulancingo y exaspirante a la nominaciÃŗn del Movimiento de RegeneraciÃŗn Nacional para la gubernatura de Hidalgo, ahora dirigente estatal del PT.
Asimismo, operaron cuatro despachos contables supuestamente ligados a esta persona: Contabilidad Automatizada de Hidalgo, Contabilidad Especializada de Hidalgo, Eficiencia en Negocios Asociados y Corporativo Contable de Pachuca.
Previo a desestimar los cargos aquella audiencia del 25 de septiembre de 2024, el juez Salazar HernÃĄndez empezÃŗ con una afirmaciÃŗn: “no vamos a negar que existe un dinero, que existen unas transferencias o transacciones, eso no se puede, es innegable, ahà estÃĄ, ahà existe el dinero”.
Sin embargo, despuÊs aÃąadiÃŗ que habÃa “contratos del 10 de enero de 2017 y el diverso 10 de enero de 2018 en donde se habla de un prÊstamo a favor del seÃąor Sosa por parte de Contabilidad del Siglo XXI”. Incluso el propio juez planteÃŗ que esta muestra de, a su consideraciÃŗn, licitud “si bien en su momento no la alegÃŗ el seÃąor Sosa”, para luego justificarlo, “porque evidentemente estaba detenido y desconozco si Êl tenÃa o no a su disponibilidad esos documentos”.
Gregorio Salazar desestimÃŗ sus propios argumentos de la vinculaciÃŗn a proceso y el posterior auto de apertura a juicio oral del 5 de junio de 2023, cuando sostuvo que Sosa y otros posibles integrantes de lo que denominÃŗ una organizaciÃŗn delictiva “crearon un esquema de lavado de dinero, sustentado en complejas operaciones financieras que tuvieron el propÃŗsito de ocultar el origen ilÃcito de los recursos que operaron”, desde 2011 y, “al menos, hasta 2018”.
El juez habÃa aseverado que Contabilidad del Siglo XXI era una sociedad civil fachada porque “no contaba con infraestructura, personal, mobiliario o instalaciones mÃnimas indispensables que le permitieran realizar la prestaciÃŗn de servicio alguno, sino que la misma sÃŗlo fue constituida –en papel–, con la firme intenciÃŗn de que se operaran recursos en la cuenta bancaria de la misma, para blanquear activos que procedieron de actividades ilÃcitas”.
No obstante, cuando liberÃŗ de los cargos a Sosa le retirÃŗ a la firma esa categorÃa, ademÃĄs de argumentar que Contabilidad del Siglo XXI “ni siquiera estÃĄ reportada como empresa simuladora de facturera”. ContinuÃŗ: “se dijo que se utilizÃŗ” la compaÃąÃa antes reconocida por Salazar como fantasma “para ocultar el origen (del dinero) y muchos supuestos que hoy caen por tierra”, como preÃĄmbulo para su resoluciÃŗn, con la que Sosa CastelÃĄn quedÃŗ libre de los cargos.
Sin embargo, el 27 de marzo de 2025 el Segundo Tribunal Colegiado de ApelaciÃŗn del Segundo Circuito, con Residencia en Toluca, Estado de MÊxico, integrado por los magistrados Rodolfo MartÃnez Abarca (presidente) y Fernando CÃŗrdova del Valle, asà como la secretaria en funciones de magistrada BethsabÊ Canseco Sosa (ponente), determinÃŗ dejar sin efecto la decisiÃŗn de Gregorio Salazar HernÃĄndez, al asegurar que se habÃa excedido en sus facultades al valorar supuestas pruebas que no le correspondÃan, porque el caso ya estaba en otra etapa, con la apertura del juicio oral. Con ello, los cargos subsistieron y el exdiputado federal tendrÃa que enfrentarlos ante un Tribunal de Enjuiciamiento.
Sosa apelÃŗ, pero el 21 de noviembre 2025 el Primer Tribunal Colegiado de ApelaciÃŗn del Segundo Circuito ratificÃŗ que el juez de control habÃa actuado indebidamente al sobreseer los cargos, misma decisiÃŗn que fue ratificada el pasado 1 de octubre por el Tercer Tribunal Colegiado de ApelaciÃŗn en Materia Penal del Segundo Circuito.
En esa sesiÃŗn la magistrada FernÃĄndez BarquÃn argumentÃŗ que “la propuesta de este pleno es confirmar la sentencia recurrida, con precisiones, y negar el amparo y la protecciÃŗn de la justicia federal al quejoso”.
“Esto es asà porque se considera correcta la perspectiva de la magistrada de amparo en el sentido de avalar la circunstancia de que el juez de control no tenÃa facultades, no tenÃa competencia, para poder decidir sobre esta peticiÃŗn de sobreseimiento, ya que el asunto se encontraba ya en etapa de juicio”, aseverÃŗ la magistrada, cuya propuesta fue acompaÃąada por sus pares Felipe de JesÃēs Delgadillo Padierna y Yolanda Guerrero VÃĄzquez.
“Incluso se llevÃŗ a cabo el desahogo de un medio de prueba y posteriormente se decretÃŗ este sobreseimiento, careciendo de competencia jurisdiccional el juez de control”, expuso FernÃĄndez BarquÃn.
La prueba a la que la magistrada hizo referencia es la identificada con el nÃēmero 39. Corresponde al “testimonio a cargo del experto particular” Juan Carlos Villalobos VÃĄzquez, “perito en materia de contabilidad”, que valorÃŗ el juez Gregorio Salazar en un momento en el que ya no le correspondÃa.
Villalobos debÃa ser presentado ante el Tribunal del Juicio Oral por la defensa y su testimonio se basarÃa sobre un informe pericial contable emitido “con base en su experticia y tomando en consideraciÃŗn las constancias que obran en la carpeta de investigaciÃŗn, asà como de la informaciÃŗn, indicios y/o documentaciÃŗn que recabÃŗ”.
Ese informe data del 11 de octubre de 2022 y busca acreditar que Sosa CastelÃĄn recibiÃŗ “pagos” mediante una serie de transferencias que la FGR sitÃēa como parte del supuesto blanqueo de 58 millones 245 mil 948 pesos, producto de “dos contratos” con la empresa que Salazar HernÃĄndez, al vincular a proceso, habÃa reconocido como fachada: Contabilidad del Siglo XXI.
“Adicionalmente, se avala tambiÊn la determinaciÃŗn de que a pesar de que el juez de control considerÃŗ que esta cuestiÃŗn era viable, ya que no habÃa iniciado propiamente la audiencia de juicio, y que con ello evitarÃa una virtual contaminaciÃŗn del Tribunal de Enjuiciamiento, estas causas no son suficientes para desconocer que ya carecÃa de competencia porque no estaba a su disposiciÃŗn la persona acusada, como tampoco el asunto estaba ya dentro de esta etapa para poder reconocer dentro de la fase intermedia, Êsta ya habÃa concluido”, reiterÃŗ la magistrada FernÃĄndez BarquÃn.
Agotada esta etapa, Sosa CastelÃĄn deberÃĄ enfrentar un juicio por un caso que lo llevÃŗ a reclusiÃŗn en la cÃĄrcel de mÃĄxima seguridad del Altiplano 1 aÃąo y 5 meses, desde que fue detenido el 31 de agosto de 2020 en la Ciudad de MÊxico, hasta su salida el 3 de febrero de 2022, fecha en que el juez Salazar HernÃĄndez le otorgÃŗ el cambio de medida cautelar a prisiÃŗn domiciliaria debido a que su defensa argumentÃŗ un deteriorado estado de salud, requerimiento que fue respaldado por la FGR, ya que el Ministerio PÃēblico hizo la solicitud formal para la modificaciÃŗn.
Posteriormente, tuvo otro cambio de medida cautelar en mayo de 2024 que le retirÃŗ el resguardo domiciliario y se determinÃŗ que continuara su proceso en libertad portando un brazalete electrÃŗnico, hasta el sobreseimiento de los cargos.
Seis aÃąos y un mes despuÊs, el polÃtico originario del municipio rural de AcaxochitlÃĄn, Hidalgo, quien ha mantenido el control polÃtico de la Universidad AutÃŗnoma del Estado desde finales de la dÊcada de 1970, sabe que debe ir a juicio por las supuestas operaciones con recursos de procedencia ilÃcita por 58.2 millones de pesos a travÊs de una empresa fachada de la que Êl directamente recibiÃŗ 23 millones 567 mil pesos a una cuenta Banorte a su nombre –el resto se distribuyÃŗ entre los demÃĄs coacusados y miembros del entorno directo de Sosa CastelÃĄn, segÃēn la FGR–, y por liderar lo que la FiscalÃa denominÃŗ como una organizaciÃŗn delictiva dedicada a sustraer recursos del erario de la UAEH.
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