Un viaje vacacional en Jalisco colocó en el centro de la controversia a integrantes del Ayuntamiento de Corregidora, Querétaro, luego de que una investigación periodística difundiera imágenes en las que aparecen junto a Arturo Rodríguez Rivera, representante de Gabinete 369, empresa que habría recibido contratos públicos por al menos 8.5 millones de pesos de esa administración.
La publicación de Proceso identificó en las fotografías tomadas en Majahuitas a Carlos Antonio Contreras López, jefe de Gabinete municipal; Francisco Castro Alegría, director del DIF de Corregidora, y Ricardo Domínguez Moreno, regidor del Partido Acción Nacional (PAN). Su presencia junto al representante empresarial generó cuestionamientos sobre la relación entre funcionarios responsables de la administración pública y una compañía que ha sido contratada por el gobierno local.
Uno de los principales puntos de controversia es la falta de acceso a los documentos que permitirían conocer con precisión qué servicios prestó Gabinete 369 y bajo qué condiciones recibió los pagos. El Ayuntamiento mantiene reservados los contratos, las facturas y los expedientes relacionados con esas operaciones, con el argumento de que su divulgación podría interferir en una investigación que permanece en curso.
La información difundida también refiere un pago de un millón de pesos por cinco estudios de análisis de riesgo e inteligencia en comunicación pública. Los trabajos habrían sido elaborados en apenas una semana, un periodo que vuelve relevante conocer sus características, metodología, resultados y entregables, así como los elementos utilizados para establecer el monto de la contratación.
El caso adquiere otra dimensión por los antecedentes de Contreras López en la administración pública. Antes de incorporarse al Ayuntamiento encabezado por Josué David Guerrero Trápala, conocido como Chepe, estuvo al frente de la Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ), institución en la que se señalaron irregularidades financieras durante su gestión.
La Entidad Superior de Fiscalización del Estado reportó observaciones por 28 millones 281 mil 204 pesos, derivadas de inconsistencias contables, gastos realizados sin suficiencia presupuestal y desequilibrios en las finanzas universitarias. A esas observaciones se sumaron denuncias de docentes sobre un déficit cercano a los 29 millones de pesos y afectaciones laborales que, según señalaron, terminaron en despidos de profesores.
Sin embargo, los señalamientos no derivaron, al menos hasta diciembre de 2024, en una investigación formal contra Contreras López. En ese momento, la Contraloría estatal informó que no existía una denuncia en su contra por esos hechos y que aún estaba pendiente la revisión de las observaciones formuladas por la instancia fiscalizadora.
La difusión de las fotografías no acredita por sí misma que las contrataciones hayan sido irregulares ni demuestra la existencia de un conflicto de interés. No obstante, la coincidencia entre funcionarios municipales y el representante de una empresa beneficiada con recursos públicos plantea preguntas legítimas sobre la naturaleza de sus vínculos y la transparencia de las operaciones.
Para esclarecer el caso, el Ayuntamiento tendría que ofrecer información suficiente sobre los procedimientos mediante los cuales se asignaron los contratos, los servicios efectivamente recibidos y la justificación de los pagos. Mientras los expedientes permanezcan reservados, seguirán abiertas las dudas sobre el destino de los recursos públicos y las condiciones en que Gabinete 369 obtuvo los acuerdos comerciales con el gobierno de Corregidora.
