Las contrataciones realizadas por el Instituto Nacional Electoral durante los últimos diez años estarán sujetas a una revisión extraordinaria, luego de que su Consejo General aprobara nuevas acciones de fiscalización y vigilancia para esclarecer posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos.

El acuerdo establece que se solicitará la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para revisar los procedimientos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios efectuados entre 2016 y 2026. A este ejercicio se sumará la posibilidad de contratar una firma externa que examine las operaciones administrativas del organismo.

Como parte de las medidas aprobadas, el instituto contará con un buzón electrónico para recibir reportes anónimos sobre posibles anomalías. También deberá adoptar mecanismos de protección documental para conservar expedientes y registros que puedan resultar relevantes durante las investigaciones.

La revisión pondrá especial atención en las condiciones bajo las cuales fueron asignados los contratos, con el objetivo de establecer si existieron beneficios indebidos para determinados proveedores, conflictos de interés o decisiones tomadas al margen de los procedimientos establecidos. El propósito es identificar tanto las posibles fallas administrativas como las responsabilidades que pudieran derivarse de ellas.

Durante la sesión, la consejera electoral Carla Humphrey planteó modificar los esquemas de adquisición para ampliar la competencia y reducir los espacios de discrecionalidad. Entre las alternativas expuestas mencionó fortalecer los concursos públicos, incorporar proveedores internacionales cuando resulte pertinente y limitar las adjudicaciones directas a situaciones excepcionales.

La consejera presidenta provisional, Blanca Cruz, también se pronunció sobre la necesidad de garantizar la rendición de cuentas. Sostuvo que la independencia del órgano electoral no lo exime de transparentar sus decisiones administrativas y expresó su disposición para trabajar con las autoridades competentes en el esclarecimiento de los señalamientos.

Otro de los aspectos considerados en el acuerdo es evitar que las investigaciones interfieran con las tareas esenciales del instituto. Por ello, las contrataciones relacionadas con la preparación de los comicios de 2027 recibirán atención prioritaria, debido a su importancia para garantizar la continuidad de las actividades electorales.

Durante la discusión, integrantes del Consejo General y representantes de partidos políticos coincidieron en que las posibles irregularidades deben investigarse hasta determinar si existen elementos para fincar responsabilidades administrativas o penales. No obstante, las conclusiones dependerán de los resultados de las auditorías y de las pruebas que puedan reunirse.

La decisión se produce en un contexto de cuestionamientos sobre la gestión administrativa del INE y representa el inicio de una revisión que abarcará operaciones de distintas etapas institucionales. El alcance de las auditorías permitirá conocer si los mecanismos de contratación funcionaron conforme a la normativa o si hubo prácticas que requieren sanciones y correcciones.

Con estas disposiciones, el organismo electoral busca revisar sus antecedentes administrativos, reforzar la supervisión del gasto y establecer reglas más estrictas para evitar que las posibles irregularidades detectadas vuelvan a presentarse.