Por: Martin Alejandro | El Metropolitano Noticias
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Tizayuca, municipio en crecimiento al norte del Valle de Mรฉxico y parte de la zona metropolitana del valle de Mรฉxico, se encuentra sumido en una preocupante degradaciรณn social, un fenรณmeno que va mรกs allรก del deterioro fรญsico: representa el declive generalizado de las condiciones sociales, morales y comunitarias en sus fraccionamientos y colonias populares.
A pesar del auge inmobiliario de los รบltimos aรฑos, el tejido social se desmorona entre inseguridad, abandono institucional y un creciente ambiente de impunidad, dejando a los habitantes a merced del caos y el olvido.
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La degradaciรณn social es un proceso progresivo donde se erosionan los valores colectivos, el sentido de comunidad y las condiciones bรกsicas de bienestar, provocando conflictos vecinales, violencia, corrupciรณn cotidiana y anomia. Es la pรฉrdida del orden social que antes cohesionaba a una comunidad.
En Tizayuca, esta degradaciรณn es visible en sus calles, sus privadas cerradas y en el รกnimo cansado de sus habitantes.
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De acuerdo con reportes ciudadanos, entrevistas directas, y estadรญsticas locales, las principales problemรกticas en fraccionamientos de Tizayuca incluyen:

Inseguridad: Mรกs de 60% de los vecinos seรฑalan robos constantes a casa habitaciรณn que no se denuncian o en casas abandonadas, asaltos en calles mal iluminadas y falta de patrullaje.

Violencia intrafamiliar: La Secretaria de Seguridad Ciudadana ha recibido en promedio 100 denuncias mensuales solo en los primeros meses de 2025, sin capacidad de respuesta efectiva.

Deserciรณn escolar: En colonias como Haciendas de Tizayuca y Rancho Don Antonio, la deserciรณn escolar se ha incrementado en un 15% en menores de secundaria, segรบn cifras de supervisores escolares.


Adicciones en jรณvenes: Centros de rehabilitaciรณn locales y escuelas reportan un alarmante aumento del consumo de cristal y marihuana en adolescentes, agravado por la falta de programas de prevenciรณn.

Contaminaciรณn visual y auditiva: Altoparlantes, grafitis, propaganda polรญtica y comerciales, motocicletas sin silenciadores y fiestas fuera de control son parte de un ambiente insoportable.

Comercio informal y ambulantaje: Se han identificado al menos 400 puestos ambulantes sin regulaciรณn, incluso dentro de privadas.

Invasiรณn de viviendas: Cientos de viviendas abandonadas han sido ocupadas ilegalmente, generando focos de delincuencia y deterioro urbano.

Baches y vialidades colapsadas: Mรกs del 70% de las calles reportan daรฑos graves, sin mantenimiento ni obra pรบblica visible.
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Lejos de representar un espacio de orden, las privadas se han convertido en microcosmos del conflicto social:

Instalaciรณn ilegal de plumas y automatizaciรณn de accesos: La colocaciรณn de rejas y sistemas electrรณnicos en accesos principales sin autorizaciรณn municipal es generalizada. Esto viola los reglamentos urbanos y pone en riesgo el ingreso de ambulancias, bomberos y servicios de emergencia, ademรกs de representar una afectaciรณn a la libertad de trรกnsito y al derecho humano al auxilio inmediato.

Proliferaciรณn de motocicletas sin placas o con conductores menores de edad, que circulan a alta velocidad sin regulaciรณn alguna.

Representantes vecinales "a modo", que no fueron electos democrรกticamente, pero controlan los comitรฉs de vigilancia. Muchos son usados por partidos o polรญticos locales como operadores territoriales, otros buscan obtener ingresos a costa de cuotas o favores.

Conflictos entre vecinos, acoso, discriminaciรณn, disputas por รกreas comunes, invasiรณn de banquetas y coacciรณn de libertad al interior de la privada.
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A pesar de mรบltiples denuncias ciudadanas, el gobierno municipal ha sido lento, permisivo y en muchos casos omiso ante la proliferaciรณn de prรกcticas ilegales.
El Instituto Municipal de Desarrollo Urbano, el รกrea de Ecologรญa, Seguridad Pรบblica y Protecciรณn Civil han fallado en regular las construcciones sin permiso, los cambios ilegales de uso de suelo y el respeto al espacio pรบblico. Muchos fraccionamientos jamรกs fueron entregados formalmente al municipio, por lo que se encuentran en un limbo legal que beneficia a intereses particulares y desarrolladores.
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Cerrar calles con automatizaciรณn sin protocolo legal atenta contra varios derechos fundamentales:

Derecho a la libre circulaciรณn (Art. 11 Constitucional)

Derecho al auxilio en emergencias (LOSPC y Protecciรณn Civil Federal)

Derecho a vivir en un entorno digno y sin discriminaciรณn
La Ley no respalda el cierre arbitrario de espacios pรบblicos, mucho menos cuando se pone en peligro la vida de las personas.
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Auditorรญa urbana y regularizaciรณn obligatoria de todas las privadas y accesos controlados.

Programa de mediaciรณn comunitaria y cultura de paz entre vecinos, en coordinaciรณn con universidades y sociedad civil.

Transparencia en comitรฉs vecinales mediante votaciรณn abierta, pรบblica y supervisada.

Programa de rescate de jรณvenes en riesgo con atenciรณn a salud mental, deporte y empleo comunitario.

Plan integral de movilidad segura, que regule motocicletas, banquetas, acceso para peatones y personas con discapacidad.

Participaciรณn ciudadana real en planes de desarrollo urbano y obras.

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Tizayuca vive una grave fractura social silenciosa, que si no se atiende con voluntad polรญtica, participaciรณn vecinal responsable y un rediseรฑo integral del modelo urbano, se convertirรก en un conflicto mayor, con consecuencias irreversibles para la paz, la seguridad y la gobernabilidad local.
Hoy mรกs que nunca, el llamado es claro: los fraccionamientos deben dejar de ser fortalezas ilegales o campos de batalla entre vecinos. Son comunidades, y como tal, deben ser reconstruidas desde el respeto, la legalidad y el bien comรบn.
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