Gobierno pone bajo lupa pensiones millonarias de exfuncionarios
Por: Inés Arroyo
El Gobierno de México analiza una reforma constitucional para reducir las pensiones millonarias otorgadas a exfuncionarios del periodo neoliberal, consideradas "ofensivas" para la sociedad por la presidenta Claudia Sheinbaum. La propuesta busca establecer pensiones justas y ofrece a los beneficiarios actuales la posibilidad de aceptar voluntariamente pagos más modestos.
Sheinbaum destacó que algunas pensiones alcanzan un millón de pesos mensuales, superando el salario neto de la presidenta, y representan recursos del erario que podrían destinarse al beneficio colectivo. Los casos bajo revisión incluyen Luz y Fuerza del Centro y Pemex, así como otros exfuncionarios del periodo neoliberal.
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, informó que en Luz y Fuerza del Centro en Liquidación se pagan 28,074 millones de pesos anuales a 14,073 extrabajadores; 3,504 reciben más que el salario de la presidenta. En Pemex, se destinan 24,844 millones de pesos anuales a 22,316 jubilados; 544 reciben más que la Presidenta y 618 superan el sueldo anual del director general de la empresa.
Para revisar la legalidad de estas pensiones, se han iniciado mesas de trabajo con la Consejería Jurídica, el IMSS, el ISSSTE, Pemex, CFE, la SHCP y la Secretaría de Buen Gobierno. Además, se emitirán circulares para normar requisitos de supervivencia y se firmarán convenios con Renapo y registros civiles para actualizar y homologar los padrones de pensionados.
Respecto a investigaciones por corrupción, la secretaria Buenrostro recordó que el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó una demanda el 11 de agosto de 2025 contra dos exfuncionarios de Pemex. El Gobierno mexicano afirmó que no habrá impunidad, y señaló que Pemex tomó medidas preventivas desde 2020. Los implicados son Ramón Alexandro Rovirosa, vinculado al sector privado, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, inhabilitado por favorecer contratos de Oceanografía.
Actualmente se investigan cuatro contratos, dos de administraciones previas concluidos en 2020, uno iniciado en 2020 cancelado por irregularidades y otro finalizado anticipadamente. Pemex también inició cinco auditorías adicionales para garantizar transparencia.
Con estas acciones, el Gobierno busca equilibrar la justicia social y la administración de recursos públicos, reducir pensiones desproporcionadas y fortalecer la transparencia en las empresas públicas.
