Daniel Andrade, diputado federal de Huejutla de Reyes, esto en el Estado de Hidalgo, expresó su respaldo a las reformas presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el marco de la entrega del Paquete Económico 2026, al subrayar que las medidas propuestas en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025 representan un paso decisivo hacia la equidad tributaria y el fortalecimiento de las finanzas públicas.
El legislador destacó la eliminación de la deducibilidad de las cuotas que las instituciones bancarias pagan al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y la homologación de la deducción de créditos incobrables para las instituciones de crédito con el resto de los contribuyentes.
Estas cuotas surgieron en los años noventa, tras la crisis bancaria que derivó en el Fobaproa. Miles de familias perdieron su patrimonio mientras empresarios y políticos saqueaban los bancos. Esa deuda injusta la seguimos pagando todos y todas. No es posible que la ciudadanía continúe subsidiando un gasto que corresponde exclusivamente a las instituciones financieras”.
Añadió que esta medida busca no solo justicia social, sino también armonizar la legislación mexicana con estándares internacionales: “En países como Estados Unidos o Canadá estas aportaciones no se pueden deducir, por lo que resulta razonable que las instituciones financieras en México se ajusten a estas prácticas”, afirmó. De acuerdo con estimaciones preliminares, esta disposición permitiría al Estado obtener ingresos adicionales cercanos a los 10 mil millones de pesos anuales.
Solo en 2024, las aportaciones ascendieron a 35 mil 74 millones de pesos, de los cuales los cuatro bancos más grandes (BBVA 22.5%, Banorte 13.5%, Santander 12.9% y Banamex 11%) concentraron cerca del 60%. En consecuencia, estas instituciones serían las principales beneficiarias de las deducciones de ISR por este concepto.
Respecto a la homologación de la deducción de créditos incobrables para las instituciones de crédito con el resto de los contribuyentes, dijo que se trata de una medida de equidad fiscal: “No tiene sentido que las instituciones de crédito mantengan un régimen especial distinto al resto de los contribuyentes. La justicia tributaria exige reglas parejas para todos”.
Ambas medidas eran inevitables y responden tanto a un alto sentido de responsabilidad fiscal como a una legítima exigencia social: “El presupuesto refleja disciplina financiera y, al mismo tiempo, atiende el reclamo ciudadano de mayor equidad en nuestro sistema tributario”.
