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Para que un órgano constitucional autónomo pueda impugnar normas en una controversia constitucional es necesario que plantee una invasión competencial con otro órgano del mismo ámbito.
Hoy la ministra Loretta Ortiz presentó en el Pleno de la SCJN dos proyectos en los que se analiza si el Instituto Nacional Electoral puede impugnar reformas locales cuando considera que invaden sus atribuciones.
*El caso*:
Controversia Constitucional 2/2025 (Tamaulipas) Controversia Constitucional 154/2025 (Hidalgo)
En estos asuntos, el INE impugnó reformas estatales que otorgaban facultades a los institutos electorales locales para emitir lineamientos de fiscalización. El INE argumentó que esto invadía sus atribuciones constitucionales.
Tras la reforma judicial del 15 de septiembre de 2024, se activaron procesos electorales extraordinarios (2024–2025) y ordinarios (2026–2027). Para ajustarse, los estados modificaron su legislación electoral. Tamaulipas e Hidalgo dieron nuevas facultades de fiscalización a sus institutos electorales locales.
El INE consideró que esas facultades le correspondían, por lo que presentó diversas controversias constitucionales.
*El proyecto*: La Constitución es clara en cuanto a que, para que un órgano constitucional autónomo pueda impugnar normas en una controversia constitucional, es necesario que plantee una invasión competencial con otro órgano del mismo ámbito. Es decir:
Federal vs Federal. Local vs Local.
El artículo 105, fracción I, incisos k) y l), no permite que un órgano constitucional autónomo federal promueva controversias contra poderes locales.
*La Resolución*:
La mayoría del Pleno apoyó el proyecto y, con 5 votos a favor, se declaró la improcedencia de las CC 2/2025 y 154/2025. En este caso, las demandas del INE se dirigieron contra poderes locales, por lo que no existe la “horizontalidad” que exige la Constitución para que procedan las controversias constitucionales.
¿Por qué es importante?
Fortalece la certeza jurídica y define con precisión los casos de procedencia de este medio de control. Se protege la distribución constitucional de competencias. Asegura que cada autoridad actúe dentro de los límites que la propia Constitución le establece. Se salvaguarda el mandato constitucional.
*Link en X*: https://x.com/lorettaortiza/st
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