Por: Inés Arroyo
La autoridad italiana de competencia abrió una investigación contra Activision Blizzard, filial de Microsoft, por presuntas prácticas de venta engañosas en los videojuegos "Diablo Immortal" y "Call of Duty Mobile". El proceso se enfoca en los modelos de monetización utilizados en estos títulos y su posible impacto en los derechos de los consumidores, en especial de menores de edad.
De acuerdo con el regulador, la compañía podría estar vulnerando la legislación de protección al consumidor al emplear estrategias consideradas agresivas en un sector sensible por los riesgos de adicción al juego. Las pesquisas analizan los incentivos para adquirir contenido adicional mediante mensajes dentro de la aplicación y notificaciones emergentes, tanto durante las partidas como fuera de ellas.
Uno de los puntos centrales es el uso de monedas virtuales. La autoridad advirtió que este sistema puede dificultar que los jugadores identifiquen el gasto real, lo que podría llevarlos a desembolsar más dinero del necesario para avanzar en el juego. El riesgo es mayor cuando se trata de usuarios jóvenes, quienes no siempre dimensionan el valor económico de estas transacciones.
El organismo italiano también cuestionó las opciones de control parental que vienen activadas por defecto, al considerar que no ofrecen una protección suficiente para niños y adolescentes. A ello se suma la falta de claridad en la información contractual, que podría inducir a los jugadores a renunciar a ciertos derechos sin plena conciencia de las condiciones.
Otro aspecto señalado es la ausencia de mecanismos claros para impugnar el bloqueo de cuentas. En estos casos, los usuarios pueden perder el acceso a contenidos digitales por los que ya pagaron, sin contar con vías sencillas para defender su inversión.
"Call of Duty" y "Diablo" se encuentran entre las franquicias más populares del mercado, lo que amplifica el alcance de las prácticas investigadas. Hasta el momento, Microsoft no ha emitido comentarios sobre el procedimiento.
La investigación se enmarca en un debate creciente en Europa sobre la regulación de los modelos de negocio en videojuegos y la necesidad de reforzar la protección al consumidor en entornos digitales. Su desenlace podría marcar un precedente relevante para la industria.
