La falta de planeación, supervisión técnica y cumplimiento normativo en el manejo de residuos sólidos volvió a encender las alertas ambientales en la Sierra Norte de Puebla. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó la clausura total definitiva del relleno sanitario ubicado en la localidad de San Juan Ozelonacaxtla, municipio de Huehuetla, tras confirmar múltiples irregularidades que representaban un riesgo directo para el entorno natural y la salud de la población.
Como resultado del procedimiento administrativo, la autoridad ambiental impuso al Ayuntamiento de Huehuetla una sanción económica de 200,257 pesos, además de establecer un cronograma obligatorio de acciones para el cierre final del sitio, conforme a la legislación ambiental vigente. La medida responde a una serie de incumplimientos graves detectados durante una visita de inspección realizada en 2025.
Entre los hallazgos más relevantes destaca que el relleno sanitario operaba sin autorización en materia de impacto ambiental, pese a encontrarse en una zona catalogada como preferentemente forestal. A ello se suma la omisión de estudios técnicos indispensables para este tipo de instalaciones, como análisis topográficos, geotécnicos, geológicos e hidrogeológicos, exigidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003.
La Profepa también documentó la ausencia de programas de monitoreo de lixiviados, biogás y acuíferos, elementos clave para prevenir la contaminación del suelo y de las aguas superficiales y subterráneas. Esta falta de control técnico derivó en una operación deficiente del sitio, que se encontraba rebasado en su capacidad, sin registro preciso del tonelaje recibido y con constantes desbordamientos de lixiviados.
Las afectaciones no se limitaron al ámbito técnico. Habitantes de la comunidad de San Juan Ozelonacaxtla denunciaron impactos directos en parcelas agrícolas, caminos y cuerpos de agua, lo que detonó una serie de reuniones informativas y asambleas comunitarias en las que participaron dependencias federales y estatales, en atención a la inconformidad social.
Con base en el análisis técnico y jurídico del caso, la resolución sancionatoria fue emitida el 10 de diciembre de 2025 y notificada oficialmente al Ayuntamiento el 5 de enero de 2026, marcando el cierre definitivo de un sitio que operó al margen de los estándares ambientales.
La Profepa reiteró que este tipo de acciones forman parte de su labor permanente de vigilancia y aplicación de la ley, particularmente en instalaciones destinadas al manejo de residuos sólidos urbanos, donde la omisión institucional puede traducirse en daños ambientales de largo plazo y riesgos directos para las comunidades. El caso de Huehuetla deja en claro que la gestión de residuos no admite improvisaciones cuando está en juego el equilibrio ambiental y la salud pública.
