La participación de una colaboradora del Congreso de la Ciudad de México en el programa de debate Razonados detonó una intensa discusión pública que trascendió las redes sociales y obligó a un posicionamiento oficial del grupo parlamentario de Morena en el órgano legislativo capitalino.
La polémica se originó a partir de un fragmento del programa Razonados, producido por La Razón de México, grabado en noviembre de 2025 y recientemente viralizado. En dicho espacio de análisis, la funcionaria —encargada de comunicación digital del grupo parlamentario de Morena— abordó el fenómeno del reclutamiento por parte del crimen organizado, al señalar que este se ha convertido en una opción laboral para miles de personas ante la falta de oportunidades formales.
Las declaraciones generaron reacciones encontradas y fuertes críticas en plataformas digitales, donde fueron interpretadas por algunos sectores como una normalización de la violencia y, por otros, como una explicación estructural de un problema social profundo. La difusión masiva del video derivó en una oleada de señalamientos, ataques y amenazas en contra de la participante.
Ante este escenario, la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México emitió un pronunciamiento oficial para deslindarse de los dichos expresados en el programa. En el comunicado, el grupo parlamentario aclaró que las opiniones vertidas fueron realizadas a título personal y no representan la postura institucional del Congreso ni la línea política del partido.
Asimismo, el pronunciamiento condenó de manera categórica las agresiones y campañas de hostigamiento digital dirigidas contra la colaboradora, al advertir que este tipo de reacciones inhiben la participación en espacios de debate público y vulneran la libertad de expresión.
El grupo parlamentario reiteró que su posición frente al crimen organizado es clara y consistente: se trata de un fenómeno delictivo que debe enfrentarse mediante la aplicación de la ley, el uso de inteligencia y el fortalecimiento de políticas públicas orientadas a reducir las condiciones sociales que facilitan el reclutamiento de jóvenes por parte de estas organizaciones.
Cabe destacar que la controversia no se generó dentro de una sesión legislativa ni en un acto oficial del Congreso local, sino en un programa de opinión externo. Sin embargo, la vinculación laboral de la participante con el Congreso de la CDMX amplificó el impacto del debate y colocó el tema en la agenda pública.
El caso reavivó la discusión sobre los límites entre las opiniones personales de funcionarios públicos y la responsabilidad institucional que conlleva su cargo, así como sobre el papel de los espacios de debate en la construcción de una discusión pública informada.
Mientras tanto, el episodio continúa generando reflexiones sobre la necesidad de abordar la violencia y la falta de oportunidades desde una perspectiva integral, sin perder de vista la responsabilidad del Estado en garantizar seguridad, empleo y desarrollo social.
