Por: Héctor Herrera
La entrega del reconocimiento al Ejido Nuevo Cruz del Palmar, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en San Miguel de Allende, Guanajuato, marcó el cierre de un conflicto agrario que se prolongó por más de 80 años. El acto forma parte del Plan de Justicia de los Pueblos Chichimeca y Otomí del noreste de Guanajuato y el semidesierto de Querétaro, una estrategia orientada a restituir derechos y fortalecer la vida comunitaria.
Durante su intervención, la mandataria sostuvo que la justicia para los pueblos originarios no puede limitarse a lo establecido en la ley, sino que debe reflejarse en hechos concretos. En ese marco, destacó que el reconocimiento de la tierra ancestral es el primer paso para garantizar certeza jurídica, estabilidad social y desarrollo con identidad.
La creación del Ejido Nuevo Cruz del Palmar representa una solución pacífica a una disputa histórica y simboliza el reconocimiento formal de territorios reclamados por generaciones. Este avance busca sentar bases duraderas de reconciliación, al tiempo que fortalece la relación entre el Estado y las comunidades indígenas.
El Plan de Justicia ha implicado una inversión de 793.8 millones de pesos, con beneficios directos para 119 mil habitantes de 111 comunidades indígenas. Entre las acciones más relevantes se encuentra la expropiación de 701 hectáreas destinadas a la protección y conservación de la Zona de Monumentos Arqueológicos "Cañada de la Virgen", considerada un espacio clave por su valor histórico y cultural.
De manera complementaria, el plan contempla obras sociales y proyectos comunitarios como comedores escolares, apoyos de vivienda, electrificación, caminos artesanales y la instalación de Casas de la Lengua indígena, enfocadas en la preservación del patrimonio cultural. También se han impulsado programas productivos y de bienestar dirigidos a jóvenes, productores y familias de la región.
Sheinbaum recordó que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes quedó consolidado con la reforma constitucional de 2024. Asimismo, anunció la ampliación del presupuesto directo para comunidades indígenas mediante el Fondo para el Bienestar de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, que en esta zona ha canalizado más de 92 millones de pesos.
Representantes comunitarios y autoridades ejidales coincidieron en que este reconocimiento salda una deuda histórica y abre una nueva etapa para la región. Subrayaron que el desarrollo debe avanzar sin poner en riesgo los territorios, la cultura ni los espacios sagrados. Con ello, el Plan de Justicia se consolida como un instrumento para reducir rezagos y fortalecer a las comunidades indígenas desde el respeto y la inclusión.
