Por: Inés Arroyo
La adopción de seguros contra riesgos cibernéticos en México y América Latina avanza con mayor rapidez, impulsada menos por una obligación legal directa y más por el endurecimiento regulatorio que eleva los costos económicos y legales de sufrir un ciberataque. En un entorno donde la operación digital se volvió estratégica tras la pandemia, estas pólizas comienzan a consolidarse como un mecanismo clave de gestión financiera del riesgo.
Especialistas del sector coinciden en que la regulación ha sido el principal catalizador. No porque las leyes exijan contratar un seguro, sino porque establecen responsabilidades económicas, sanciones y posibles reclamaciones de terceros que ya no pueden resolverse únicamente con medidas técnicas de seguridad informática. Ante ese escenario, el seguro aparece como una herramienta para transferir parte del impacto financiero de un incidente.
El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) se ha convertido en el referente normativo global. Su influencia se ha reflejado en América Latina, particularmente en Brasil, que adoptó un marco muy cercano, y en México, donde en los últimos años se han aprobado disposiciones que imponen responsabilidades económicas ante fallas en la protección de datos personales. Este cambio ha obligado a las empresas a profesionalizar su gestión de riesgos digitales.
Sin embargo, la región enfrenta un obstáculo relevante: la baja visibilidad de los incidentes cibernéticos. La ausencia de una obligación generalizada para divulgar ataques o brechas de seguridad provoca un subregistro que dificulta dimensionar el problema. Aun así, Brasil, México y Colombia concentran el mayor número de ataques en la región, lo que ha acelerado la adopción de coberturas especializadas.
En términos de diseño, los seguros cibernéticos en América Latina muestran una estructura cada vez más estandarizada y alineada con los mercados de Estados Unidos y Europa. Las pólizas suelen dividirse en tres grandes módulos: responsabilidad civil frente a terceros, pérdidas propias y servicios de respuesta ante incidentes. Esta arquitectura permite cubrir desde reclamaciones legales y sanciones regulatorias, hasta gastos forenses, asesoría jurídica y pérdidas por interrupción de operaciones.
El componente de respuesta inmediata se ha vuelto especialmente relevante ante el aumento de ataques de ransomware, que exigen decisiones rápidas para contener daños. En algunos casos, las pólizas contemplan el pago de rescates; no obstante, las grandes empresas tienden a ser más cautelosas, ya que cubrir el pago no garantiza la recuperación de la información ni evita futuros ataques, además de plantear dilemas éticos y operativos.
El crecimiento del mercado también ha alcanzado a las pequeñas y medianas empresas, aunque con ajustes en los requisitos. Las aseguradoras han flexibilizado sus condiciones, reconociendo que los niveles de madurez y "higiene cibernética" exigidos a grandes corporativos no siempre son viables para las pymes. Este cambio ha ampliado el acceso a coberturas en un segmento históricamente más vulnerable.
En conjunto, la combinación de mayor presión regulatoria, aumento de ciberataques y estandarización de productos está configurando un mercado de seguros cibernéticos más dinámico en la región. Aunque persisten retos en materia de transparencia y prevención, el seguro comienza a consolidarse como un componente estratégico de la resiliencia digital empresarial en América Latina.
