Por: Héctor Herrera
Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han transformado la vida cotidiana de miles de migrantes mexicanos en Estados Unidos en un escenario marcado por el miedo, la incertidumbre y la vulneración sistemática de derechos humanos. Activistas y organizaciones civiles advierten que, lejos de tratarse de operativos aislados, existe una estrategia deliberada del gobierno estadounidense para sembrar terror entre las comunidades migrantes y empujarlas a la autodeportación.
Balam, indígena maya originario de Yajalón, Chiapas, y residente legal en Minneapolis, resume el sentir de muchas familias: salir a la calle implica el riesgo de ser detenido sin importar el estatus migratorio. "Ya no es el sueño americano, es una pesadilla", relata. Su testimonio refleja un temor que trasciende lo individual y alcanza a familias enteras, particularmente en comunidades racializadas.
Las cifras respaldan la gravedad del fenómeno. De acuerdo con datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, sistematizados por el Deportation Data Project de la Universidad de California en Berkeley, entre enero y octubre de 2025 fueron detenidas 225,757 personas; de ellas, 87,448 eran mexicanas, lo que representa casi el 39% del total. Más de 20,700 continúan en procesos activos dentro de centros de detención y al menos siete fallecieron bajo custodia.
Texas y California concentran la mayor parte de las detenciones, aunque los operativos se han documentado también en ciudades como Minneapolis, Chicago y Los Ángeles. Activistas denuncian que los agentes actúan con excesos: detenciones basadas en el color de piel, allanamientos sin orden judicial, negación de acceso a abogados, incomunicación con familiares y restricciones al derecho a la atención médica.
El impacto va más allá del ámbito legal. Organizaciones como Pueblos y Comunidades Indígenas Transfronterizos y la Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante en Los Ángeles advierten una crisis de salud mental entre la población migrante, sometida a un estrés permanente. El miedo ha alterado rutinas básicas: padres que evitan llevar a sus hijos a la escuela, comunidades que dependen de vecinos para realizar compras y personas que optan por el silencio ante abusos por temor a represalias.
El contexto se agrava con los cambios en la política migratoria. En los últimos 13 meses se han realizado 618 modificaciones a procesos legales y administrativos, debilitando protecciones como el Estatus de Protección Temporal, DACA, asilo y refugio. Paralelamente, jueces migratorios han sido despedidos por emitir resoluciones favorables a migrantes, lo que, según especialistas, ha convertido a las cortes en un espacio cada vez menos confiable.
Frente a este panorama, las organizaciones civiles han asumido un papel clave: documentan abusos, brindan orientación legal y capacitan a las familias para actuar ante una detención. Aunque reconocen el esfuerzo de la red consular mexicana, coinciden en que la respuesta institucional resulta insuficiente ante la magnitud de la crisis.
Pese al clima adverso, la comunidad migrante no se repliega. Nuevas generaciones de jóvenes, hijos de migrantes nacidos en Estados Unidos, comienzan a reconocerse como parte de una población vulnerable y se suman a la resistencia. "Resistir es lo que nos ha forjado", afirma Balam. En un entorno donde el miedo parece política de Estado, la organización comunitaria se ha convertido en la principal herramienta de sobrevivencia.
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