La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de reforma constitucional para poner fin a las pensiones millonarias que actualmente reciben exfuncionarios de altos mandos en empresas y organismos del Estado. La propuesta busca establecer un tope máximo equivalente al 50 por ciento del salario presidencial, es decir, alrededor de 70 mil pesos mensuales.
Durante su anuncio, la mandataria señaló que en instituciones como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Nacional Financiera y Banobras existen casos de trabajadores de confianza —principalmente exdirectores y subdirectores— que reciben pensiones hasta 35 veces superiores a las otorgadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Sheinbaum explicó que algunos exfuncionarios que ocuparon cargos durante periodos breves han llegado a percibir hasta 300 mil pesos mensuales durante más de una década. Incluso mencionó el caso de una persona vinculada con la extinta Luz y Fuerza del Centro que actualmente recibe más de un millón de pesos al mes por concepto de jubilación.
La iniciativa reformará el artículo 127 constitucional y será enviada al Congreso de la Unión el próximo lunes. De aprobarse, la medida no tendrá efectos retroactivos, lo que significa que no afectará pensiones ya otorgadas. Sin embargo, aplicará para quienes se jubilen tras la entrada en vigor de la reforma.
La presidenta subrayó que la modificación no impactará a trabajadores sindicalizados ni a quienes cuentan con contratos colectivos, ya que estos derechos están protegidos por acuerdos laborales históricos. La medida se enfocará exclusivamente en altos mandos de confianza.
De acuerdo con estimaciones del Ejecutivo, la reforma podría generar un ahorro aproximado de 5 mil millones de pesos, recursos que, sostuvo, podrán destinarse a programas prioritarios y al fortalecimiento de las finanzas públicas.
La Consejería Jurídica de la Presidencia detalló que el nuevo párrafo constitucional establecerá que ninguna pensión de altos exfuncionarios podrá superar la mitad de la remuneración que percibe la persona titular del Ejecutivo Federal, salvo aquellas previstas en condiciones generales de trabajo.
Con esta iniciativa, el gobierno federal busca reforzar su política de austeridad y cerrar espacios a lo que considera privilegios heredados de administraciones anteriores, en línea con los principios de responsabilidad financiera y equidad en el servicio público.
.jpg)
