Gobierno y gasolineros fijan tope al diésel y refuerzan medidas de contención

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  • Por: Inés Arroyo

    El Gobierno de México y representantes del sector gasolinero acordaron mantener el precio máximo del diésel en 28 pesos por litro, como parte de una estrategia conjunta para contener costos y proteger la economía de los consumidores.

    El acuerdo se alcanzó en una reunión encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que participaron autoridades de la Secretaría de Energía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Procuraduría Federal del Consumidor, Pemex, así como organismos reguladores y de seguridad.

    Durante el encuentro, se definieron acciones adicionales orientadas a mantener e incluso reducir el costo del combustible, entre ellas la continuidad de los estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), mecanismo clave para amortiguar variaciones en los precios internacionales.

    Asimismo, el gobierno federal trabaja en la disminución de comisiones asociadas a pagos electrónicos, como tarjetas bancarias y vales, con el fin de reducir costos operativos en las estaciones de servicio y evitar que estos se trasladen al consumidor final.

    En materia de seguridad y logística, se acordó reforzar la vigilancia en la cadena de distribución de combustibles y optimizar los procesos de suministro, con el objetivo de garantizar abasto eficiente y evitar distorsiones en el mercado.

    Por su parte, empresarios del sector gasolinero reiteraron su disposición a colaborar con las medidas impulsadas por el Ejecutivo federal, incluyendo la ampliación del número de estaciones que se sumen a este esquema de contención de precios.

    Las autoridades subrayaron que este acuerdo forma parte de una política integral para estabilizar el mercado energético y reducir el impacto económico en los hogares, en un contexto donde el precio de los combustibles incide directamente en el costo de bienes y servicios.

    Con este compromiso, el gobierno federal busca consolidar un equilibrio entre la viabilidad del sector energético y la protección del poder adquisitivo de la población.