Redacción.
Los hechos recientes que han colocado a Hidalgo en la conversación pública han generado opiniones de todo tipo. Habrá investigaciones, procedimientos y conclusiones que corresponderán a las autoridades competentes; sin embargo, más allá de cualquier persona, dependencia o circunstancia específica, existe una reflexión de fondo que vale la pena plantear: ¿Qué significa realmente ocupar una responsabilidad pública?
Con frecuencia la atención se concentra en los cargos, las facultades legales, los presupuestos o las estructuras administrativas.
Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar en el origen de todo aquello que llamamos gobierno. Antes de los reglamentos, antes de los edificios institucionales y antes de los organigramas, existió una necesidad colectiva: la de organizar la vida en común y encomendar a determinadas personas la responsabilidad de cuidar aquello que pertenece a todos.
La función pública nació de un acto de confianza. Una comunidad deposita temporalmente en alguien una responsabilidad que no le pertenece de manera personal. Esa es la esencia de cualquier encargo público.
Por ello, quien decide integrarse a una institución del Estado acepta una responsabilidad distinta a la de cualquier otro empleo. No solamente administra recursos públicos; administra confianza. No solamente ocupa un espacio institucional; representa a una comunidad completa. No solamente cumple tareas técnicas; participa en decisiones que impactan la vida cotidiana de miles de personas. Quizá por eso resulta preocupante cuando pareciera que algunos han olvidado la dimensión de esa responsabilidad.
Las instituciones necesitan controles, auditorías, mecanismos de supervisión y sistemas de rendición de cuentas.
Siempre los necesitarán. Pero ninguna sociedad puede aspirar a construir instituciones sólidas si la conducta correcta depende exclusivamente de la vigilancia permanente.
La ciudadanía ya realiza un esfuerzo enorme para sostener el funcionamiento del Estado. Trabaja, produce, emprende, paga contribuciones y cumple obligaciones para que existan escuelas, hospitales, carreteras, programas públicos, sistemas de seguridad y procuración de justicia. Resulta difícil aceptar que, además de financiar las instituciones, la sociedad tenga que dedicar parte de su energía a verificar constantemente que quienes recibieron una responsabilidad pública cumplan con lo más elemental de ella.
La verdadera ética aparece cuando no existe una cámara observando.
Cuando no hay un superior presente.
Cuando no existe una auditoría en curso. Es ahí donde se revela el carácter de las personas y la profundidad de su compromiso con la institución que representan.
Detrás de cada peso del presupuesto público existe una historia de esfuerzo. Existe un agricultor trabajando bajo el sol. Existe una comerciante abriendo su negocio cada mañana. Existe una maestra formando generaciones. Existe un médico atendiendo pacientes. Existe una familia que hace sacrificios para salir adelante. Ninguno de ellos entrega parte de su esfuerzo esperando perfección de las instituciones, pero sí tienen derecho a esperar seriedad, profesionalismo, respeto y responsabilidad.
También conviene recordar algo que suele perderse entre nombramientos, oficinas y jerarquías: antes que funcionarios, todos somos ciudadanos.
Compartimos las mismas calles, utilizamos los mismos servicios, enfrentamos muchos de los mismos problemas y formamos parte de las mismas comunidades. Ningún cargo coloca a una persona por encima de la sociedad. Por el contrario, debería acercarla aún más a ella.
Por esa razón, las acciones individuales tienen consecuencias colectivas. Cuando un servidor público actúa con irresponsabilidad, el daño no se limita a una imagen institucional.
Se erosiona la confianza de la ciudadanía, se fortalece el desencanto y se afecta injustamente a miles de mujeres y hombres que todos los días realizan su trabajo con honestidad dentro de las propias instituciones.
Hidalgo necesita instituciones fuertes.
Pero las instituciones fuertes no se construyen únicamente con presupuesto, infraestructura o reformas administrativas. Se construyen a partir de mujeres y hombres que comprenden la dignidad de la responsabilidad que les fue confiada.
Porque los cargos públicos no son propiedades personales. No son espacios de comodidad. No son refugios frente a la exigencia ciudadana. Son encargos temporales otorgados por una sociedad que espera ser representada con profesionalismo y respeto.
Al final, la función pública no debería entenderse como una posición de privilegio, sino como una de las expresiones más altas de responsabilidad ciudadana.
Y quizá la pregunta que todos deberíamos hacernos de vez en cuando no es qué cargo ocupamos, sino si estamos honrando la confianza que la sociedad depositó en nosotros cuando nos permitió ocuparlo.
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