Hogar seguro: reforzadas sanciones contra el despojo en CDMX
Por: Inés Arroyo
El Congreso de la Ciudad de México aprobó aumentar las penas por el delito de despojo, con el objetivo de proteger a los sectores más vulnerables y garantizar la seguridad patrimonial de las familias. La reforma eleva la pena mínima de cinco a seis años y la máxima de diez a once años de prisión, además de una multa de hasta 200 mil UMA. Cuando la víctima sea un adulto mayor, menor de edad, mujer embarazada, persona con discapacidad o integrante de una comunidad indígena, la pena se incrementa de siete a once años.
Se adicionaron como métodos de comisión la simulación de actos jurídicos y la suplantación de identidad, y se sancionará a quienes mantengan la ocupación del inmueble tras ser requeridos por la autoridad. Las modificaciones abarcan el Código Penal, el Código Civil, la Ley Registral y la Ley del Notariado, y responden a iniciativas de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y del diputado Diego Orlando Garrido López (PAN).
Legisladores coincidieron en que el despojo no solo afecta el patrimonio, sino también la dignidad y la historia de las familias. La jefa de Gobierno destacó que, a través del Gabinete de Seguridad, se han recuperado 196 inmuebles y asegurado 265, acciones que buscan revertir la situación de indefensión de las víctimas.
La congresista María del Rosario Morales Ramos subrayó que el despojo significa "arrebatar a una persona el hogar donde construyó su historia". Por su parte, el diputado Diego Orlando Garrido López recordó que en los últimos siete años se registraron 29 mil carpetas de investigación, un promedio de 12 casos diarios, lo que evidencia la necesidad de sanciones más firmes.
Otros legisladores señalaron que la reforma refuerza la prevención y sanción del delito, especialmente en favor de los grupos más vulnerables, y contribuye a proteger el derecho a la propiedad, la paz y la estabilidad familiar. Según los legisladores, el despojo no es solo un delito patrimonial, sino una violencia que golpea la tranquilidad y la dignidad de las personas.
Con esta medida, la Ciudad de México da un paso decisivo en la defensa de las familias, reafirmando su compromiso de garantizar la justicia, la seguridad y la protección del patrimonio de sus habitantes.
