Investigan a Meta por posible espionaje digital
Por: Ines Arroyo.
El Gobierno de España abrió una investigación formal contra Meta tras detectar indicios de un mecanismo oculto que habría permitido rastrear la actividad web de usuarios con dispositivos Android. El hallazgo proviene de centros de investigación internacionales que alertaron sobre un sistema capaz de seguir la navegación de las personas incluso fuera de las aplicaciones de la empresa.
La información encendió las alarmas en las autoridades españolas, que consideran que la práctica podría vulnerar normas esenciales de la Unión Europea sobre privacidad y uso de datos personales. De acuerdo con los reportes iniciales, el mecanismo operaba sin una notificación clara y sin el consentimiento directo de los usuarios, lo que podría constituir una infracción grave.
El Gobierno fue directo: ninguna compañía tecnológica está por encima de la ley. La administración recordó que toda plataforma debe respetar la normativa vigente y advirtió que cualquier violación a los derechos de los ciudadanos tendrá consecuencias. Esta postura refuerza la línea firme que Europa ha asumido recientemente frente a los gigantes digitales.
La investigación contempla posibles violaciones al Reglamento General de Protección de Datos, la Directiva de Privacidad Electrónica, la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales. Si se comprueba la existencia y funcionamiento del mecanismo, Meta podría enfrentar sanciones económicas de alto impacto y ajustes obligatorios en sus operaciones dentro del continente.
Como parte del proceso, la empresa será llamada a comparecer ante una comisión del Congreso de los Diputados. La audiencia buscará esclarecer cómo funcionaba el sistema, qué alcance tuvo y cuántos usuarios pudieron verse afectados. Legisladores y especialistas en ciberseguridad analizarán la información para determinar la magnitud del caso.
Este episodio se suma a otros roces recientes entre Meta y la Unión Europea, como las disputas por el tratamiento de datos transfronterizos, las reglas sobre publicidad política y los cobros asociados a servicios digitales. Cada uno de estos casos ha incrementado la presión regulatoria sobre la compañía en territorio europeo.
La investigación en España podría convertirse en un precedente relevante para el futuro de la supervisión tecnológica. Más que un conflicto aislado, abre un debate profundo sobre los límites del rastreo comercial, el papel de las plataformas en la vida digital y la necesidad de proteger a los usuarios en un entorno cada vez más vigilado.
Por ahora, el Gobierno continúa recabando información para definir acciones y determinar si Meta incurrió en prácticas que comprometan la privacidad de millones de personas. El resultado será clave para entender el alcance real de este caso y su impacto en la regulación tecnológica de la próxima década.
