México debate la Ley Trasciende: hacia el derecho a una muerte digna
Por: Inés Arroyo
La diputada chihuahuense Samara Martínez presentó la iniciativa Ley Trasciende, que propone legalizar la eutanasia en México y garantizar el derecho a una muerte digna para personas con enfermedades graves o terminales. La propuesta fue turnada a las Comisiones de Salud y Justicia de la Cámara de Diputados, ya que plantea reformas al artículo 166 BIS de la Ley General de Salud y al artículo 312 del Código Penal Federal, donde actualmente la eutanasia se considera un delito con penas de uno a cinco años, agravadas si la participación implica ejecutar la muerte.
La legisladora Greycy Durán explicó que también se ha buscado el análisis de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para evaluar la posibilidad de incluir el derecho a la muerte digna en la Constitución Mexicana. Esto busca evitar conflictos con el artículo primero, que protege el derecho a la vida y otras garantías individuales.
La Ley Trasciende establece que podrán acceder al procedimiento médico quienes sean mayores de 18 años, que tomen la decisión de manera consciente y voluntaria, y cuenten con dos diagnósticos independientes de especialistas que certifiquen que la enfermedad es discapacitante o amenaza la vida.
El respaldo político ha sido importante: la bancada del Partido del Trabajo acompañará la iniciativa en su totalidad, y legisladores de Morena y Movimiento Ciudadano también han mostrado apoyo. Por su parte, el PAN aún no ha emitido postura ni ha establecido contacto con los promoventes.
En las próximas semanas, los presidentes de las comisiones decidirán si el análisis se realiza en paralelo o en Comisiones Unidas, con el objetivo de alcanzar consensos y avanzar en la discusión.
El tema ha generado debate. Sus promotores destacan la importancia de respetar la autonomía y dignidad de las personas, mientras que algunos sectores consideran que la legalización podría entrar en conflicto con los derechos humanos.
Con la Ley Trasciende, México se enfrenta a un debate histórico sobre el derecho a una muerte digna, equilibrando la protección de la vida con la libertad de decidir sobre el propio final. La discusión promete marcar un precedente legal, ético y social de gran relevancia para el país.
