La movilización se dio luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México asegurara el refugio, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, por presunto maltrato animal. La medida provocó una reacción inmediata por parte de la asociación civil, que sostiene que su labor, con casi cinco décadas de existencia, siempre ha estado orientada a la protección y rescate de animales en situación de abandono.
A través de un comunicado, los representantes del Refugio Franciscano solicitaron al gobierno federal y al Gobierno de la Ciudad de México que se respete una suspensión de plano otorgada por un juzgado federal, la cual —afirman— reconoce su razón jurídica y ordena la restitución inmediata tanto del inmueble como de los animales asegurados.
Los activistas demandaron que cualquier devolución se realice bajo protocolos claros que garanticen la identificación plena de los animales y la transparencia sobre su lugar de resguardo, con el fin de evitar su desaparición o traslado irregular.
Durante la marcha, los manifestantes advirtieron que la separación de los animales de su entorno habitual pone en riesgo su integridad física y emocional, especialmente en casos de ejemplares enfermos, en recuperación o con cuidados especiales.
Del lado institucional, la fiscal capitalina Bertha Luján informó que, durante el operativo, peritos veterinarios identificaron a 798 animales con condiciones compatibles con maltrato o crueldad. Entre las irregularidades detectadas se encuentran hacinamiento severo, falta de ventilación, ausencia de iluminación adecuada, jaulas de tamaño insuficiente y acumulación de heces y orina.
El caso ha generado una fuerte polarización entre organizaciones animalistas, autoridades y opinión pública. Mientras el gobierno capitalino defiende la intervención como una medida de protección, los activistas denuncian un uso excesivo de la fuerza institucional y advierten sobre un precedente que podría afectar a otros refugios independientes.
El conflicto permanece abierto y ahora se juega en dos frentes: en las calles, donde crece la presión social, y en los tribunales, donde se definirá el futuro del Refugio Franciscano y de los cientos de animales que hoy se encuentran en el centro de la controversia.
