El Congreso de la Ciudad de México analiza una iniciativa que busca endurecer de manera significativa las sanciones contra el maltrato animal. La propuesta, presentada por la diputada Jannete Guerrero Maya, del Partido del Trabajo (PT), plantea elevar hasta 12 años de prisión las penas para quienes provoquen la muerte de perros o gatos en la capital.
La reforma contempla modificaciones al Código Penal local con el objetivo de fortalecer el marco jurídico y evitar que estos delitos sean considerados menores. De acuerdo con la iniciativa, cuando el maltrato derive en la muerte de un animal de compañía, la sanción podría alcanzar los 12 años de cárcel y multas de hasta 281 mil pesos.
En los casos donde exista crueldad o maltrato sin que se produzca la muerte, se propone duplicar las penas actuales, estableciendo condenas de dos a seis años de prisión, además de multas que irían de 70 mil a 117 mil pesos. La legisladora argumenta que las sanciones vigentes permiten, en muchos casos, salidas alternas o acuerdos que no reflejan la gravedad del daño.
La iniciativa también incluye castigos más severos para quienes mantengan o financien lugares clandestinos destinados al sacrificio de animales, con penas de cuatro a ocho años de prisión. Asimismo, endurece las sanciones contra la violencia sexual hacia animales, fijando un máximo de seis años de cárcel y multas que podrían llegar a 234 mil pesos.
Guerrero Maya sostiene que la propuesta responde a la necesidad de armonizar el reconocimiento constitucional de los animales como seres sintientes con sanciones efectivas que garanticen su protección. En la Constitución de la Ciudad de México se establece que los animales no son objetos, sino seres capaces de sentir dolor y sufrimiento, lo que obliga a reforzar su tutela legal.
La diputada subraya que el combate al maltrato animal no sólo implica la defensa de los derechos de los animales, sino también una estrategia de prevención social. Desde su perspectiva, la violencia contra animales puede estar vinculada a otras conductas agresivas, por lo que sancionarla con firmeza contribuye a construir una sociedad más segura y respetuosa.
De ser aprobada, la reforma colocaría a la Ciudad de México entre las entidades con penas más severas en materia de protección animal, enviando un mensaje claro sobre la gravedad de estos delitos y el compromiso institucional con su erradicación.