Autonomía o concentración: la conversación pendiente en la Universidad de Hidalgo.
En Hidalgo existe la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
Es una de las instituciones más importantes del estado.
Forma a miles de jóvenes, recibe recursos públicos federales y estatales, tiene presencia en distintas regiones y ocupa un lugar central en la vida académica y social de la entidad.
Legalmente es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Su fundamento está en el artículo 3° de la Constitución y en su propia Ley Orgánica.
La autonomía le permite gobernarse a sí misma, definir sus planes de estudio, elegir a sus autoridades internas, administrar su presupuesto y organizar su estructura sin subordinación directa al poder ejecutivo estatal.
Esa autonomía fue concebida como un mecanismo de protección frente al poder político, como una garantía de libertad académica y como un escudo frente a los intereses coyunturales del gobierno en turno.
Pero la autonomía no es un fin en sí mismo. Es un medio.
Un medio para asegurar pluralidad, renovación, pensamiento crítico y circulación real del poder dentro de la institución.
Y es ahí donde Hidalgo necesita abrir una conversación madura. ¿Qué ocurre cuando una institución diseñada para protegerse del poder político adquiere, con el paso del tiempo, una influencia política propia y prolongada? La universidad no es solo un centro educativo.
Es un actor con peso territorial, con capacidad de formar cuadros, con influencia en la opinión pública y con presencia en la dinámica política del estado. Eso no es ilegal ni necesariamente negativo. Toda institución fuerte genera influencia.
El problema no es la influencia.
El problema es la concentración prolongada.
Cuando durante años la conducción interna parece mantenerse dentro de los mismos círculos, cuando la percepción social es que el poder universitario no rota con verdadera competencia, cuando la alternancia luce improbable y los procesos internos no generan una sensación clara de apertura, la discusión deja de ser técnica y se vuelve cultural. Porque aunque la ley se cumpla, la legitimidad también se construye en la percepción de transparencia y renovación. Hidalgo ha vivido históricamente con estructuras de poder que tienden a prolongarse.
No solo en gobiernos, también en sindicatos, organismos y espacios estratégicos. Esa continuidad genera estabilidad, pero también produce hábitos. Y uno de esos hábitos es la normalización del poder extendido.
Cuando algo dura demasiado tiempo sin cambios visibles, la sociedad deja de cuestionarlo. Y cuando deja de cuestionarlo, la democracia se vuelve formal, pero no dinámica.
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo no está fuera de esta reflexión. Por su tamaño y relevancia debería ser ejemplo de apertura institucional. La autonomía no puede convertirse en blindaje frente al escrutinio social ni en zona cómoda de permanencia estructural.
Si la universidad recibe recursos públicos, forma ciudadanos y tiene peso político real, entonces también debe asumir una responsabilidad proporcional en transparencia, alternancia y competencia interna genuina. El debate no es destruir instituciones fuertes. Es fortalecerlas a través de la renovación.
El poder prolongado, aunque sea legal, siempre requiere contrapesos culturales. La autonomía auténtica no solo protege del poder externo; también exige mecanismos internos que impidan la concentración excesiva.
Hidalgo no necesita menos universidad. Necesita más universidad. Más pensamiento crítico, más apertura, más circulación de ideas y también de liderazgos. Necesita una comunidad académica que entienda que la autonomía no es herencia ni patrimonio simbólico de nadie, sino una responsabilidad compartida.
El llamado no es contra una persona ni contra una administración específica. Es hacia la comunidad universitaria completa. Hacia los estudiantes que hoy caminan sus pasillos. Hacia los profesores que forman criterio.
Hacia los investigadores que hablan de democracia en las aulas.
Hacia los egresados que ya ocupan espacios en la vida pública. Si la universidad es verdaderamente autónoma, debe demostrarlo con pluralidad real.
Con procesos que generen competencia auténtica. Con transparencia que no sea reacción, sino convicción. Con alternancia que no sea crisis, sino normalidad. El poder prolongado, en cualquier espacio público, tiende a cerrarse.
Y lo cerrado, tarde o temprano, se debilita. La renovación no destruye instituciones; las mantiene vivas. Las hace relevantes. Las conecta con su tiempo. Hidalgo está cambiando. La ciudadanía ya no observa igual.
Ya no calla igual. Ya no normaliza igual. Y en ese nuevo contexto, las instituciones públicas, deben asumir que la legitimidad no es eterna: se construye todos los días.
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo tiene la oportunidad histórica de ser ejemplo no solo por su tamaño o su influencia, sino por su capacidad de abrirse sin miedo. De evolucionar sin presión.
De demostrar que la autonomía es madurez democrática y no zona de confort.
La democracia no se enseña únicamente en las aulas.
Se practica en las estructuras. Si queremos un Hidalgo más libre, más moderno, más competitivo y más justo, necesitamos instituciones que respiren cambio, no que lo administren.
La autonomía no es un muro.
Es una responsabilidad, pero, que siempre a utilizado Gerardo Sosa Castelán, para enriquecerse, tener impunidad, soberbia y sobre todo PODER, hoy enloquecido por NO PODER.
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