El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, consideró que la difusión de los audios atribuidos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, debe investigarse como un posible caso de intervención ilegal de comunicaciones y llamó a esclarecer el origen de las grabaciones.
El legislador calificó como "repugnante" la obtención y difusión de conversaciones privadas mediante mecanismos ilícitos y sostuvo que la mandataria estatal debería presentar una denuncia penal para que las autoridades determinen si existió espionaje y quién sería responsable de la filtración.
Monreal señaló que la prioridad debe centrarse en el origen de los audios y no únicamente en su contenido. En ese contexto, afirmó que la gobernadora actuó con transparencia al reconocer públicamente que la voz difundida corresponde a ella y recordó que él mismo ha denunciado haber sido víctima de espionaje en otras ocasiones.
Respecto a las solicitudes de la oposición para que Marina del Pilar pida licencia mientras se desarrollan las investigaciones, el coordinador parlamentario evitó respaldar esa postura y sostuvo que una decisión de esa naturaleza corresponde exclusivamente a la gobernadora. Asimismo, rechazó utilizar el caso para obtener ventajas políticas o profundizar la confrontación entre partidos.
La controversia se mantiene luego de que se difundieran dos grabaciones relacionadas con la cancelación de la visa estadounidense de la mandataria y presuntos contactos con personas que se presentaban como intermediarios de agencias de Estados Unidos. En los audios se hace referencia a posibles sanciones, procedimientos legales y a la disposición de la gobernadora para colaborar con autoridades estadounidenses.
Por su parte, Marina del Pilar ha sostenido que las conversaciones fueron privadas y que sus interlocutores nunca acreditaron oficialmente representar a agencias del gobierno estadounidense. Además, reiteró que cualquier coordinación en materia de seguridad entre Baja California y Estados Unidos se realiza únicamente mediante canales institucionales y conforme al marco legal.
Mientras tanto, el Partido Acción Nacional reiteró su exigencia de que la mandataria solicite licencia y pidió una investigación transparente sobre el contenido de las grabaciones. Con ello, el caso mantiene abiertos dos frentes: el esclarecimiento de los audios y la indagatoria sobre la forma en que fueron obtenidos.
