Michoacán vive uno de los momentos más críticos de su historia reciente. El lanzamiento del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia", presentado por el Gobierno federal semanas después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, llega a una entidad marcada por la violencia, la desconfianza institucional y la expansión de grupos delictivos que hoy operan en casi todo el territorio.
Las cifras confirman la gravedad del escenario. Ocho de cada diez michoacanos perciben su estado como inseguro. En Morelia y Uruapan, la percepción alcanza el 76% y 82.6%, respectivamente. La tasa de víctimas de violencia en 2024 llegó a 16,572 por cada 100,000 habitantes, el nivel más alto en seis años. Ese panorama se agrava con una cifra negra del 93.6%, que refleja que la mayoría de los delitos no se denuncian y permanecen fuera de los registros oficiales.
El estado enfrenta además una hiperfragmentación criminal inédita. Diecisiete organizaciones delictivas actúan en sus 113 municipios. El Cártel Jalisco Nueva Generación mantiene presencia en 110 de ellos, mientras que bandas como Los Viagras, Nueva Familia Michoacana, Los Correa, Tepalcatepec y otros grupos más pequeños se disputan el control local. Estos grupos no solo operan mediante violencia; también influyen en obras municipales, padrones sociales y procesos electorales.
La fragilidad institucional permite que esas organizaciones intervengan con facilidad. Varias administraciones municipales carecen de personal capacitado, herramientas de investigación o policías confiables para resistir las presiones del crimen. Ese vacío se traduce en extorsiones, control territorial y en una creciente injerencia criminal en decisiones políticas y administrativas.
El asesinato de Carlos Manzo expuso esa realidad. El alcalde había denunciado amenazas y extorsiones. Su muerte provocó protestas masivas dentro y fuera de Michoacán y aceleró tensiones políticas en el estado. Morena, que gobierna la mayoría de los municipios, enfrenta divisiones internas que dificultan una estrategia común. El grupo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el del senador Raúl Morón encabezan las rivalidades más visibles rumbo a la elección de 2027.
Frente a este escenario, el plan federal contempla el despliegue de más de diez mil elementos. Sin embargo, especialistas advierten que estas acciones tienen efectos temporales si no van acompañadas de una reconstrucción profunda de las instituciones locales. La falta de inteligencia financiera, la ausencia de depuración policial y la poca coordinación entre los niveles de gobierno han limitado los resultados de estrategias similares en administraciones pasadas.
El reto principal es recuperar la capacidad del Estado para gobernar regiones donde los cárteles llevan años imponiendo reglas, administrando recursos y condicionando decisiones públicas. La complejidad del contexto exige acciones diferenciadas, ya que la violencia no se manifiesta igual en Tierra Caliente, la Meseta Purépecha o la zona aguacatera.
Por ahora, el "Plan Michoacán" representa un esfuerzo para contener la escalada. Pero su éxito dependerá de la capacidad para fortalecer instituciones, garantizar que las investigaciones avancen y romper los vínculos entre estructuras políticas y grupos criminales. Sin ello, la entidad continuará atrapada en ciclos de violencia que se repiten año tras año.
La muerte de Carlos Manzo mostró que Michoacán necesita algo más que operativos. Necesita instituciones firmes, municipios que puedan gobernar sin presiones criminales y una estrategia que responda a la realidad de cada región. Ese es, hasta hoy, el mayor desafío.
