Por: Inés Arroyo
Las aspiraciones políticas del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, han vuelto a colocarse en el centro del debate nacional, no por el derecho legítimo que tiene cualquier ciudadano a participar en la vida política del país, sino por los señalamientos relacionados con el presunto uso de recursos públicos para promover su imagen y posicionar proyectos personales a futuro.
Diversas voces han coincidido en que la participación política y la competencia electoral son parte esencial de la democracia. En ese sentido, se reconoce que García está en su derecho de buscar nuevas responsabilidades públicas y que, llegado el momento, será el pueblo de México quien decida en las urnas. Sin embargo, el cuestionamiento surge cuando esa aspiración parece ir acompañada de estrategias de promoción que podrían involucrar recursos del erario.
El señalamiento principal apunta a la utilización de recursos públicos del gobierno de Nuevo León para fines que no estarían estrictamente vinculados con la comunicación institucional, sino con la construcción de una imagen personal de alcance nacional. Esta situación ha generado críticas desde distintos frentes políticos, al considerar que la promoción personalizada vulnera los principios de imparcialidad y neutralidad que deben regir el ejercicio del poder público.
En este contexto, la dirigenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, ha sido una de las voces más críticas. Ha cuestionado abiertamente lo que considera una contradicción entre el discurso de austeridad y el uso de recursos públicos para viajes, publicidad y exposición mediática, señalando que este tipo de prácticas reproducen viejas formas de hacer política. Asimismo, ha acusado una visión clasista en algunas declaraciones del gobernador, particularmente aquellas relacionadas con programas sociales, los cuales —ha subrayado— deben entenderse como derechos y no como concesiones.
Las críticas no se limitan al terreno discursivo. En distintos momentos, autoridades electorales han analizado conductas relacionadas con promoción personalizada y actos anticipados, lo que ha derivado en sanciones administrativas. Aunque algunas resoluciones han sido de menor alcance, los casos han contribuido a alimentar la percepción de que existe una estrategia de posicionamiento político más allá de las funciones propias del cargo.
Desde la oposición se ha insistido en que no es válido utilizar recursos del pueblo de Nuevo León para promover aspiraciones futuras ni para fortalecer proyectos personales. Bajo este argumento, se ha rechazado acompañar iniciativas o propuestas que, a juicio de sus críticos, tienen como trasfondo la autopromoción del gobernador y no el interés público.
El debate, en el fondo, no gira en torno a la legitimidad de las aspiraciones políticas, sino a los límites éticos y legales en el ejercicio del poder. La discusión sobre Samuel García se inserta así en una conversación más amplia sobre la rendición de cuentas, el uso responsable de los recursos públicos y la necesidad de separar claramente la función gubernamental de la competencia electoral.
Mientras tanto, el tema seguirá marcando la agenda política nacional y será, eventualmente, la ciudadanía la que evalúe no solo las intenciones, sino la congruencia entre el discurso y la práctica de quienes aspiran a gobernar el país.
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