Por: Héctor Herrera
Con el objetivo de brindar certeza jurídica y aliviar la carga económica de los contribuyentes, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México emitió una Resolución de Carácter General mediante la cual se otorgan facilidades administrativas y beneficios fiscales a las personas que realizaron pagos de derechos relacionados con control vehicular y licencias para conducir durante el ejercicio fiscal 2025.
La medida busca evitar que los ciudadanos deban cubrir diferencias económicas derivadas de la actualización de tarifas para 2026, siempre y cuando hayan efectuado sus pagos conforme a la normatividad vigente el año anterior.
De acuerdo con la resolución, los contribuyentes quedarán exentos del pago de cualquier diferencia que resulte del ajuste de los montos de derechos aplicables en 2026, cuando estos correspondan a trámites ante la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), específicamente aquellos previstos en diversos artículos del Código Fiscal de la Ciudad de México relacionados con control vehicular y licencias de conducir.
El beneficio estará vigente del 2 de enero al 31 de marzo de 2026, periodo durante el cual las personas interesadas deberán concluir sus trámites utilizando las líneas de captura pagadas en 2025. Una vez concluido este plazo, el derecho a acceder a la facilidad administrativa se perderá de manera definitiva.
Para acceder al beneficio, es indispensable que los contribuyentes hayan cubierto los derechos correspondientes durante el ejercicio fiscal 2025 y presenten el Formato Múltiple de Pago original, debidamente pagado en ese año, además de cumplir con los requisitos específicos de cada trámite. La SEMOVI será la encargada de verificar que dichos formatos no hayan sido utilizados previamente para otros procedimientos administrativos.
La resolución también establece restricciones claras. Los beneficios otorgados no generan derecho a devolución ni compensación de recursos económicos y no pueden acumularse con otros estímulos fiscales aplicables al mismo concepto y ejercicio, salvo las excepciones expresamente previstas en el Código Fiscal. Asimismo, quienes tengan en curso algún recurso o procedimiento administrativo en contra del cobro de estos derechos deberán desistirse legalmente para poder acogerse al beneficio.
Las autoridades advirtieron que proporcionar información falsa o no solicitar la aplicación del beneficio dentro del plazo establecido implicará la pérdida automática del mismo.
En cuanto a la ejecución de la medida, la SEMOVI será responsable de la interpretación administrativa y operativa de los trámites, mientras que la Secretaría de Administración y Finanzas atenderá la interpretación en materia fiscal. Ambas dependencias deberán instrumentar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de esta resolución.
Con esta disposición, el Gobierno capitalino busca facilitar la conclusión de trámites pendientes, evitar cargas económicas adicionales y fortalecer la eficiencia administrativa en beneficio de los ciudadanos.
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