El Senado de la República aprobó en lo general la reforma al artículo 123 de la Constitución que establece la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, en lo que representa uno de los cambios más relevantes al marco laboral mexicano en las últimas décadas. El dictamen fue respaldado por una amplia mayoría —121 votos a favor y ninguno en contra— y ahora será turnado a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo.
La propuesta plantea una transición escalonada con el objetivo de permitir la adaptación progresiva de empresas y trabajadores. De acuerdo con el calendario aprobado, la jornada se reducirá a 46 horas en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y finalmente quedará establecida en 40 horas semanales en 2030.
Uno de los ejes centrales de la reforma es que la disminución del tiempo laboral no implicará reducción salarial ni afectación a las prestaciones. Legisladores que respaldaron la iniciativa subrayaron que se trata de una medida orientada a fortalecer el derecho al trabajo digno y a mejorar el equilibrio entre la vida personal y profesional de millones de trabajadores.
El dictamen también introduce ajustes en materia de horas extraordinarias. El límite semanal pasará de nueve a 12 horas, con posibilidad de distribuirse hasta cuatro horas adicionales por día durante cuatro días. Estas deberán pagarse con los recargos establecidos en la ley, aunque este punto ha generado debate sobre si podría atenuar el impacto real de la reducción de la jornada ordinaria.
La discusión legislativa no estuvo exenta de críticas. Si bien partidos de oposición acompañaron el dictamen en lo general, expresaron reservas respecto a que la reforma no consagra explícitamente dos días de descanso obligatorio por semana, manteniendo el esquema actual de un día por cada seis trabajados. Legisladores advirtieron que sin esta garantía adicional, el alcance de la medida podría resultar limitado frente a las dinámicas laborales vigentes.
Tras su aprobación en lo general, el Senado deberá discutir el proyecto en lo particular antes de enviarlo a la Cámara de Diputados. Al tratarse de una reforma constitucional, en caso de ser avalada por el Congreso de la Unión, requerirá además la ratificación de la mayoría de los congresos estatales para su entrada en vigor.
De concretarse, la reducción a 40 horas colocaría a México en línea con estándares internacionales en materia de jornada laboral y marcaría un punto de inflexión en la política laboral del país, aunque su impacto final dependerá de la reglamentación y aplicación efectiva en los próximos años.
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