Por: Inés Arroyo
El Senado de la República recibió este martes la iniciativa conocida como "Plan B" en materia electoral, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la que se busca reducir costos en los procesos electorales y limitar los privilegios de la clase política.
La propuesta fue entregada a la presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo, por el enlace legislativo de la Secretaría de Gobernación, Juan Ramiro Robledo, una semana después de que el Congreso rechazara una reforma constitucional en la misma materia.
El nuevo planteamiento se enfoca en modificaciones a leyes secundarias, lo que permitiría su aprobación sin necesidad de mayoría calificada. Entre los principales cambios, destaca la imposición de topes salariales a dirigentes de partidos políticos y funcionarios electorales, quienes no podrán percibir ingresos superiores al de la titular del Ejecutivo federal.
Además, la iniciativa contempla fortalecer los mecanismos de fiscalización del financiamiento a campañas, incluyendo la formalización de convenios con la Unidad de Inteligencia Financiera para investigar posibles recursos ilícitos.
Otro de los ejes centrales del proyecto es la reducción del gasto público en materia electoral. Para ello, se plantea recortar prestaciones y salarios de altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral y de tribunales electorales, así como disminuir de forma progresiva en 15 por ciento el presupuesto del Senado.
La reforma también propone reducir el tamaño de la burocracia de representación, mediante la disminución del número de regidurías en ayuntamientos y el establecimiento de un tope presupuestal para los congresos estatales, el cual no deberá exceder el 0.7 por ciento del presupuesto de cada entidad.
Asimismo, se plantea ampliar el plazo para solicitar ejercicios de revocación de mandato tanto del presidente como de los gobernadores, mecanismo incorporado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
En conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, aseguró que la iniciativa no será sometida a un proceso de aprobación acelerado, sino que seguirá el trámite legislativo ordinario. En ese sentido, explicó que será turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para su análisis.
No obstante, estimó que, una vez dictaminada en comisiones, podría ser discutida y eventualmente aprobada en el Pleno antes del inicio del periodo de Semana Santa.
El "Plan B" representa un nuevo intento del Ejecutivo federal por impulsar cambios en el sistema electoral, ahora bajo una ruta legislativa distinta, centrada en ajustes legales que buscan reducir el gasto público y reforzar los controles sobre el financiamiento político.
